Dos apuntes sobre el poder y las leyes
En general, los marcos jurídicos representan en sí mismos una serie de relaciones de poder y de intereses entre diferentes sectores de la sociedad bajo la administración del Estado y los organismos internacionales; entre las distintas fuerzas que interactúan y cuyos intereses son tomados en cuenta por las leyes tenemos a la sociedad representada, las organizaciones civiles, la familia, las empresas, las instituciones políticas y administrativas (centralizadas y descentralizadas, nacionales e internacionales), los Estados y el individuo; entre otros, tal como actores personalizadores de instituciones y capacidades de poder, como Lorenzo Córdoba en el Instituto Nacional Electoral.
Pese a que el objetivo del marco legal es el acomodo de los intereses, objetivos y relaciones de los distintos sectores de acuerdo a postulados y nociones propias de justicia y equidad, en la practica pueden existir vicios inherentes que favorecen directa e indirectamente a actores con más capacidades para afrontar, eludir, transformar o reinterpretar las leyes; mucho depende del tipo y la cantidad de capacidades de poder con los que cuente el actor en cuestión, tal como el dinero o las relaciones personales o familiares. Por otro lado, tampoco se debe olvidar el problema que se genera cuando no existen “contrapesos” a los contrapesos, o mejor dicho, cuando los supuestos actores que deben ser neutrales (como los que imparten y administran la justicia) se erigen como actores políticos en sí mismos, cuya capacidad de poder es su relación institucional con la justicia.
En este contexto tenemos varios casos de la política nacional que nos pueden ayudar a ilustrar el último punto anterior, tal como sucede con el negativamente famoso Juez Juan Pablo Gómez Fierro, el cual goza de un amplísima área de funciones (especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones), lo que de facto le da una capacidad de poder que, en el caso de personalizarla, lo vuelve un actor político relevante. Sin llegar a conclusiones sobre si existen motivaciones e intereses personales en sus decisiones, los ejemplos que abarcan las suspensiones de Gómez Fierro incluyen la Reforma Eléctrica, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANUT), la Ley de Hidrocarburos, la política ejercida por la Secretaría de Energía en Pemex y una multa a Iberdrola por más de 10 mil millones de pesos. Tales decisiones no sólo ponen en entredicho la imparcialidad y objetividad del Juez en cuestión, sino que también revela una capacidad de poder de decisión asimétrica frente a otros poderes que, en caso de ser personalizada, puede usarse al servicio del mejor postor (o el más adinerado) y viciar cualquier proceso legal asociado… Ya ni mencionar a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama.
Otro caso es cuando la ley es usada como una herramienta política y se facilita por medio de la politización de las personas que la administran, tal como ha sucedido con la Refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya, en torno a las cuales se han desatado diversas guerras legales con objetivos meramente políticos, en donde algunos jueces han decidido actuar como actores y no como árbitros, ya sea por acción u omisión, tal como pasó con el tramo 5 del Tren Maya y el Juez civil que se asume con capacidades suficientes para decidir en materia de seguridad nacional https://elpais.com/mexico/2022-07-25/el-juez-mantiene-la-suspension-definitiva-al-tramo-5-del-tren-maya-y-vuelve-a-ordenar-que-se-frenen-las-obras.html
Dentro de la discusión en torno a las capacidades de los distintos poderes del Estado existe una asimetría brutal entre la revisión al poder ejecutivo frente a los poderes legislativo y judicial, la cual ha aumentado desde la administración del presidente López Obrador; tal falta de revisión genera una serie de vicios y excesos que se benefician de la extendida creencia que en los procesos legislativos no hay influencia y ejercicio político, así como de la opacidad y falta de exposición a la vida pública de actores relevantes como los jueces. Sin embargo, esta falta de asociación entre política y leyes no sólo se da a nivel nacional, sino que está extendida a nivel mundial, al punto de considerar al derecho internacional como una panacea, aún cuando sus principales promotores y constructores sean omisos ante la propia ley.
A nivel mundial no existe prácticamente ninguna autoridad central con la capacidad de sancionar y hacer efectivo el cumplimiento de la ley por parte de un Estado, sino que están los distintos Organismos Internacionales, los mecanismos y relaciones de diplomacia y cooperación adoptados por mutuo acuerdo entre Estados y, en última instancia, el recurso del uso de la fuerza. En este proceso las capacidades de poder entre los Estados son un factor fundamental que atraviesa y antecede distintos ordenes y ordenamientos legales y normativos, al punto que los propios sistemas y el orden legal y administrativo internacional reproduce y legitima la asimetría de capacidades de poder a nivel internacional.
Debido a las capacidades asimétricas entre los países heredada de la Segunda Guerra Mundial y al colapso de la Unión Soviética, el mundo había vivido desde 1991 un momento de unipolaridad histórica que le permitió a Estados Unidos, uno de los grandes arquitectos del régimen legal internacional, no sólo dictar una serie de agendas político-legislativas, como la lucha contra el terrorismo debido al incidente del 11 de septiembre (la cual vino acompañada de una serie de leyes y tratados entre Estados promovidos por Washington); sino que también le ha permitido ser “flexible” u omiso ante diversas instituciones y ordenamientos del régimen legal internacional, como el caso de las violaciones a los derechos humanos en Guantánamo https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/01/guantanamo-bay-ugly-chapter-unrelenting-human-rights-violations-un-experts, el bombardeo y la guerra a Irak no aprobado a nivel internacional o la renuencia de Estados Unidos a ser parte de la Corte Penal Internacional, entre otros más.
La década de los noventa no sólo trajo consigo un cambio geopolítico en el mundo, sino que también se caracterizó por la expansión y consolidación del modelo neoliberal comenzado desde los ochenta; los partidarios de dicho modelo político-económico, principalmente estadounidenses y británicos, no sólo promovieron una serie de reformas económicas dictadas por los ideólogos neoliberales, sino que también llevaron a cabo diversas modificaciones en los ordenamientos legales a nivel internacional por medio de herramientas como el Fondo Monetario Internacional, el cual empezó a emitir una serie de “recomendaciones” de política pública enfocadas en la reducción del margen de acción y capacidades del Estado y el gobierno frente al mercado y la propiedad privada.
Lo anterior dio como resultado un proceso de cambio y transformación de múltiples sistemas sociales, políticos y legales promovido directamente por los constructores de un nuevo sistema político-económico bastante ambicioso y desigual, el cual se caracterizó, entre otras cosas, por el robustecimiento del sector financiero frente al debilitamiento del Estado y el poder público.
Es así como la influencia del modelo neoliberal, de la mano de las capacidades de poder (unipolar) estadounidense, se convirtieron en un motor de cambio de las estructuras y sistemas legales a lo largo del mundo, en este proceso el papel de los tratados internacionales ha sido fundamental para cimentar y reproducir dicho sistema junto con sus valores, objetivos y, más aún, para cristalizar y legitimar un equilibrio en las relaciones de poder de distintos sectores a nivel nacional y entre los países a nivel internacional, así como entre Estados y actores privados.
Justo en este escenario es donde nació el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual tenía como objetivo general liberalizar la economía entre los tres países de Norteamérica: México, Estados Unidos y Canadá por medio de la promoción y la facilitación del intercambio comercial y financiero, lo que conllevó una serie de cambios y adecuaciones a leyes nacionales, así como también a una serie de confrontaciones y desequilibrios entre el Estado y diversos grupos nacionales por los cambios que el TLCAN introdujo, tal como los problemas con grupos de sindicatos.
Conforme ha pasado el tiempo, las capacidades de poder y los escenarios nacionales e internacionales han ido cambiando, al punto de necesitarse un reajuste al TLCAN para convertirse en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no sólo como resultado de las presiones de distintos grupos empresariales, sino por la transformación tecnológica, la creación de nuevos mercados y relaciones entre actores poderosos; así como también debido a las presiones de un gobierno bastante disruptivo en la manera en la cual Estados Unidos se había conducido en el mundo, Donald Trump.
Sin embargo, Estados Unidos no es el único país que ha cambiado, el mundo entero está en un proceso de cambio, mismo que se vio acelerado por la pandemia; tal cambio también se ve dentro de las fronteras nacionales con el arribo de la 4T al poder, esto significa un necesario reacomodo en algunas agendas, intereses, relaciones de poder y, por ende, en el sistema legal.
Desgraciadamente las negociaciones internacionales en la transformación a T-MEC llegaron antes que todo lo anterior sucediera, lo que significa que el T-MEC es una representación de un orden pre pandemia, pre Ucrania y pre declaración de China como una “amenaza”, al cual felizmente Estados Unidos y Canadá apelan y apelarán, aunque en la realidad las relaciones de dependencia, posición estratégica y gobernabilidad hayan cambiado.
En conclusión: las leyes, lo legal, su administración e impartición no están alejadas de la política y lo político, sino que se asocian y dependen en múltiples grados, al punto de erigirse como poderes y estructuras de poder en sí mismos; por lo tanto, no son áreas ajenas a la revisión, rendición de cuentas, escrutinio y debate público más allá de los discursos del deber ser y los “equilibrios” imaginarios que en la práctica son corrompidos y corruptos.
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