El Gobierno Federal no expropiará ahorros
Tras la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, que tiene como objetivo que una parte de los recursos de la Cuenta Global se destinen a la Seguridad Pública, diversos comentaristas y funcionarios aseguraron sin sustento que el Gobierno Federal busca “expropiar” y “robar ahorros” de usuarios de la banca.
El dictamen avalado el pasado 11 de octubre por el Pleno de la Cámara baja con 483 votos a favor, cero en contra y una abstención, puntualiza que el Estado precisa una estrategia de tres objetivos fundamentales para agilizar los procesos que permitan adquirir más recursos para la estrategia de seguridad. Por esta razón proponen cimentar el decreto en tres puntos estratégicos:
1. Agilizar los procedimientos de extinción de dominio y utilización de bienes confiscados a la delincuencia. Los legisladores argumentaron que las operaciones actuales para destinar recursos son lentas y puede pasar mucho tiempo para que se extingan los dominios en cuestión. Además, enfatizaron que se requiere que un Juez Penal Federal dicte sentencia e instruya el destino de los bienes asegurados, aletargando aún más el proceso.
2. Aceleración en los procedimientos de abandono ante las instancias judiciales y la rapidez en su destino, ya que aseguraron que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), institución encargada de administrar los bienes que no son del Estado, posee “en bodegas y patios” bienes que han sido asegurados desde hace más de 10 años sin que la autoridad competente se pronuncie respecto a su destino, por lo que los diputados propusieron este decreto para orientar estos recursos a la Seguridad Pública de forma más rápida.
3. Disposición de los recursos abandonados en las instituciones de crédito; Este último punto es el que más desinformación generó a pesar de que el documento precisa que no se propone ni se sugiere disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino que se busca que “aquellos recursos cuyo derecho a ser reclamados hayan prescrito” ubicados en la cuenta global de instituciones bancarias, situación que ya se contempla en la ley cuando estos recursos se mantienen en este estatus durante más de seis años.
“Cabe dejar claro que no se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos recursos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito, es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados por lo que no se afectan las garantías constitucionales ya que por ser la figura de la prescripción una institución de orden público, no existe poseedor originario cierto, se agotan las relaciones jurídicas entre el particular, se extinguen las obligaciones sobre el bien financiero depositado y un recurso que actualmente se encuentra ocioso se convierte en un valioso y poderoso mecanismo de fortalecimiento institucional”, según señala el dictamen.
Asimismo, el documento hace hincapié en que los recursos que se utilizarán en esta iniciativa son aquello ubicados en la Cuenta Global, esto es, cuentas en abandono y de bienes bancarios de carácter “mostrenco”, es decir, bienes que no se identifique alguna vinculación con algún dueño.
La Cuenta Global se constituye, como señala la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), cuando los bancos remiten a la Beneficencia Pública los recursos ubicados en cuentas que no han reportado movimiento luego de seis años, cuentas que se consideran inactivas cuando en el transcurso de tres años no ha tenido movimiento, por lo que al cabo de este tiempo el monto depositado se va a la Cuenta Global. Previo al inicio de este proceso, el banco tiene la obligación de avisar al domicilio vinculado a la cuenta con 90 días de anticipación a que se cumplan los tres años de inactividad.
Esta iniciativa de decreto promueve que los procedimientos legales que ya existen se aceleren a través de diversos procedimientos que se amparan en la ley. Por lo que en ningún momento se considera o se somete a votación la posibilidad de que el Gobierno Federal utilice recursos de los ciudadanos, sino que se instruye a las autoridades a que se utilicen de manera más eficiente los recursos decomisados y cuentas en abandono que se trasladen a la Cuenta Global, mecanismo que ya existe pero que se tratan de recursos que se orientan a la beneficencia.