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Nacional

Eliminar prisión preventiva: puerta abierta a 92 mil delincuentes

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La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la eliminación de la Prisión Preventiva Oficiosa podría dejar la puerta abierta a 92 mil personas que han cometido delitos graves, así lo advirtió el subsecretario de Seguridad Publica, Ricardo Mejía Berdeja.

Durante el informe “Cero Impunidad” en Palacio Nacional, Mejía Berdeja dedicó su participación a explicar las consecuencias que la resolución de la Corte podría generar.

Señaló que la Prisión Preventiva Oficiosa pretende evitar la llamada “puerta giratoria” donde presuntos criminales salen en libertad, supuestamente vinculados a un proceso penal pero finalmente vuelven a delinquir, acción que genera “un impacto en la sociedad y una enorme sensación de impunidad”.

Si se elimina la Prisión Preventiva como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la SCJN, no solamente se volvería a la puerta giratoria, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta porque 92 mil personas que hoy en México están sujetos a Prisión Preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran impunidad. Sentenció el subsecretario.

También aseguró que la Prisión Preventiva Oficiosa u Automática pretende proteger a la víctima y a su familia de su agresor, evitar que los presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia o se den a la fuga, así como evitar que los mismos presuntos criminales atenten contra testigos durante las diferentes etapas del proceso penal, evitar la reincidencia y la comisión de futuros delitos en contra de la sociedad.

Por ello ejemplificó con algunas decisiones de jueces locales y federales que han “repercutido en la impunidad e inseguridad” en casos controvertidos como lo fue el de Rafael Caro Quintero en el asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés); otro caso es el del llamado “La Vaca”, presunto generador de violencia en Colima; así como el de “El Contador”, dirigente del Cártel del Golfo, entre otros.

En estos casos es evidente la reincidencia, es decir, cuando hay algún beneficio procesal o la no vinculación este tipo de personas vuelve a seguir cometiendo los actos criminales. Ricardo Mejía

RESOLUCIÓN HISTÓRICA

El funcionario destacó que, si la Corte resuelve en favor, los dos recursos que hoy están discusión y en los que se trata la Prisión Preventiva Oficiosa (un amparo en revisión y una acción de inconstitucionalidad) sería la primera vez en la historia del país que la SCJN se erigirá como un Poder constituyente, invalidando un artículo de carácter constitucional.

La Corte solamente puede invalidar leyes que atenten contra la Constitución, el único que puede reformar la Constitución, según el artículo 135 de nuestra Carta Magna, es el Poder Constituyente Permanente, que está integrado por las dos Cámaras del Congreso de la Unión y por las 32 legislaturas de los estados y la Constitución mexicana, la Ley Suprema de la Nación y la Suprema Corte no puede legislar, invalidar o inaplicar algún artículo de nuestra Constitución. Criticó Mejía Berdeja.

El amparo en revisión que la Suprema Corte resolverá tiene que ver con un amparo promovido por Brandon Alexis “N” y Alejandro “N”, hermano y tío de Óscar Andrés, alias “El Lunares”, líder del grupo criminal conocido como Unión Tepito.

Ambas personas promovieron que se inaplique el artículo 19 Constitucional para que no se les impute la Prisión Preventiva Oficiosa, y en tal virtud, poder salir en libertad. Éste sería uno de los múltiples temas que se estarían discutiendo si se invalidara el Artículo 19 constitucional.

Entre los delitos que ameritan la Prisión Preventiva Oficiosa o Automática, se encuentran los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, la utilización de programas sociales con fines electorales, la corrupción, el robo al auto transporte de carga, delitos que tienen que ver con el huachicol, el robo de hidrocarburos, los delitos violentos cometidos con armas de fuego, la portación y utilización de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y delitos que atenten contra la seguridad de la nación.