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Nacional

Firman 15 empresarios y Gobierno Federal plan antiinflacionario

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El Gobierno Federal y quince empresarios lograron un convenio contra la inflación y la carestía con el que se comprometieron, entre otros puntos, a reducir la canasta básica de 24 alimentos de 1129 pesos a 1039 pesos, es decir, ocho por ciento menos.

El plan, que fue presentado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, buscará reducir costos regulatorios y logísticos por parte del gobierno y los productores para fortalecer la oferta de alimentos, pues según explicó en nuestro país a diferencia de otras naciones, como Estados Unidos, la inflación es por oferta y no por demanda.

“Por el aumento de inflación mundial México ha recibido un impacto, entre otros costos, de materias primas, agrícolas y energéticas. El gobierno ha neutralizado el efecto inflacionario de los aumentos en gasolina, manteniendo su compromiso de limitar cualquier incremento a no más que la tasa de inflación. Sin embargo el encarecimiento de los productos agrícolas sí ha sido fuertemente resentido, esto explica que la contribución de energéticos a la inflación anual de 8.8% en septiembre sea 0.62 puntos porcentuales y la de alimentos sea de 4.2 puntos porcentuales”, explicó Ramírez de la O.

El acuerdo, que tendrá vigencia hasta el 28 febrero de 2023, establece como puntos la reducción del precio máximo de la canasta básica de 1129 pesos, por los 24 productos, a 1039 pesos promedio; las empresas productoras de harina de maíz utilizada para la tortilla se comprometen a no subir sus precios durante la vigencia del acuerdo; además el gobierno, haciendo énfasis en su programa de fortalecimiento de la producción nacional de granos deficitarios, cancelara por el periodo del acuerdo la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y charra de aluminio y acero utilizado en los envases de alimentos.

Tras la firma del acuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a las quince empresas que se han sumado al convenio, al señalar que con su participación ayudarán a reducir el impacto en la economía popular.

“Que la gente lo sepa que hay empresarios, integrantes de la iniciativa privada con dimensión social y cívica, que son buenos en los negocios pero también piensan en el pueblo y piensan en nuestro querido México”, afirmó el presidente.

Las empresas participantes Tuny, Atún, Grupo Pinsa-Dolores, Grupo Gruma-Maseca,

Minsa, Bachoco, San Juan, Sukarne, Grupo Gusi, Opormex, Sigma alimentos, Wallmart,

Soriana, Chedraui, Calvario y Valle Verde.

El convenio permanecerá abierto a otras empresas que quieran adherirse.

Otros acuerdos logrados con el convenio contra la inflación y la carestía, según explicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los siguientes.

  1. El gobierno federal otorga a las empresas firmantes una licencia única universal que por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos, para el envase de alimentos de dichas empresas, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del servicio nacional de sanidad, inocuidad y calidad.
  2. La licencia única universal también exime a las empresas firmantes del impuesto general de importación y se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad.
  3. Durante la vigencia de este acuerdo y en el marco de la licencia, la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional.
  4. El gobierno mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y de electricidad establecida desde diciembre de 2018, adicionalmente congelará las tarifas de las autopistas concesionadas al fondo nacional de infraestructura FONADIN y a CAPUFE, hasta el 28 de febrero del 2023.
  5. La autoridad atenderá los casos de productos alimenticios que requieran de soluciones particulares para sobreponerse a situaciones se competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio o alguna otra que no sea factible de superar por la propia empresa y que afecte la oferta de alimentos.
  6. Las empresas y el gobierno aceptarán la tarea de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor y en que dicha dependencia tenga suficiente autoridad y facultad de fiscalización y sanción en aquellos casos donde se detecten abusos en todas y cualesquiera las etapas de la cadena de intermediación y distribución de alimentos