Gobierno de México investiga a juez que amparó a Iberdrola
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno Federal investiga al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió un amparo a la empresa española Iberdrola para evitar pagar una multa por más de 10 mil millones de pesos, por vender a terceros energía generada bajo la figura de autoabastecimiento.
El mandatario aseguró que se presume que hubo falsificación de documentos para la concesión del recurso legal, que se trató de un proceso no cuidado, por lo que de comprobarse se procederá legalmente.
“Este juez al que mencionó nosotros lo estamos investigando sobre el caso de Iberdrola. Estaos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10mil millones de pesos porque no fue un proceso consideramos cuidado y presumimos, no quiero adelantar, de que hubo falsificación de documentos”, detalló el presidente.
“Si terminamos de descubrir que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos vamos a proceder legalmente y eso es lo que tenemos que hacer en todos los casos, cero impunidad y no porque es un juez o un magistrado o un ministro o es el presidente no se va a poder denunciar se está afectando el interés general o se está haciendo o cometiendo una injusticia”, aseguró López Obrador.
El tema fue abordado desde la conferencia de prensa de este lunes 19 de julio, luego de que el presidente fuera cuestionado sobre el actuar del Consejo de la Judicatura Federal.
El mandatario entonces aseguró que era “increíble” que se le hubiera otorgado un amparo a la firma española, de “inmediato”, luego de que se fijó la multa. Entonces también adelantó que existía una investigación en curso para “llegar al fondo”, porque les aceptaron documentación extemporánea.
El asunto tiene que ver con la multa de 9mil 145 millones de pesos que en mayo pasado la Comisión Reguladora de Energía (CRE) impuso a Iberdrola Energía Monterrey.
La CRE resolvió que la subsidiaria violó el artículo 36, fracción l, inciso a de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que determina que no se puede vender energía eléctrica a terceras personas que no sean socios cuando se apruebe el proyecto original.