Propone SSPC comprar equipo a policías con dinero confiscado del crimen organizado
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) propuso el uso del dinero de cuentas bancarias congeladas derivadas del crimen organizado y del crimen de cuello blanco para equipar a los policías estatales y municipales en las entidades de México.
En la primera reunión Zona Centro 2022 de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública realizada este 5 de julio del año en curso en el C5i de Pachuca, Hidalgo, la titular de la dependencia invitó a legisladores del país a apoyar dicha propuesta para reformar los artículos 61 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y los artículos 45 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal para lograr el refinanciamiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Aclaró que, aunque no se constitucional por el momento, se requiere el apoyo de los diputados federales para adelantar los recursos y sean recibidos por los estados este mismo año. “Sabemos que estos recursos adicionales […] fortalecería el trabajo que ustedes (policías) realizan en sus respectivos estados […] para brindar seguridad a quienes habitan en su territorio”, expresó Rodríguez Velázquez.
En este contexto, expuso algunos resultados positivos de la Estrategia Nacional de Seguridad aplicada por el Gobierno de México ya que muestra una baja de los índices delictivos a nivel nacional como el robo de vehículo, que en mayo pasado se redujo 45.8%, respecto al máximo histórico de enero de 2018; el secuestro disminuyó 58.3%, al pasar de 185 víctimas, en enero de 2019, a 77 en mayo de 2022; y el homicidio doloso mantiene una tendencia a la baja con una reducción de 7.8% en mayo, en comparación con el máximo histórico de 2018. Los delitos federales registran un descenso de 26.6% en esta administración, los niveles más bajos desde hace cuatro años.
Mencionó que la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública se ha constituido como una de las vías formales para mantener abiertos y activos los canales de comunicación entre los gobiernos Federal y estatales y así concretar acciones comunes, que contribuyen a garantizar la paz y el orden público.