Hace un par de semanas fue presentada la Reforma Electoral que ha venido adelantando el presidente durante meses. A pesar de que esta proviene del Ejecutivo, no es una reforma que recoge los planteamientos de un actor de poder con el objeto de mantenerlo, sino un resumen de demandas que por décadas han estado sobre la mesa desde un movimiento político robustecido en los últimos 10 años y que a contracorriente de las fuerzas políticas dominantes, logró hacerse del poder con el respaldo de una amplia mayoría.
Entender eso es fundamental para no simplemente situar el debate en la lógica del intercambio cupular partidista que ha distinguido la historia de reformas políticas en el país, sino en el de una transformación social que se impulsa desde muy diversas trincheras y que tiene por centro proveer de herramientas más efectivas a la población para tener una mayor incidencia en definiciones que fijan las reglas de la conducción de lo público. Reglas cuya definición se ha concentrado en grupos de poder institucionalizado y en los más de los casos alejados de la población, aún si estos apelan a ser representantes de esta, como es el caso de los partidos políticos, los legisladores y del propio INE.
La mayor virtud que una iniciativa como la que fue presentada puede tener, entonces, no es sólo su contenido, sino el hecho de que, a diferencia de otras reformas políticas, esta no se discuta a espaldas de la población en un intercambio de negociaciones entre los partidos políticos que habrán de votarla, sino que se abra una amplia discusión sobre sus implicaciones, alcances, escenarios. En el mismo sentido es, también, una valiosísima oportunidad para revisar la historia de nuestro proceso democrático, no sólo en cuanto a los artículos que fueron aprobados en el pasado, sino para dar dimensión del contexto en el que esto sucedió, quiénes lo hicieron, con qué propósito y, sobre todo, con qué resultados. ¿Quiénes, en este camino, se han visto favorecidos del sistema político electoral actual, si partimos de lo que es el significado profundo de la democracia? ¿La población ha visto mejor representadas sus necesidades, sentires, convicciones de manera libre y efectiva? ¿Estas han quedado reflejadas más allá del momento electoral? ¿Las instituciones que son conducto de la democracia han cumplido con su objeto? ¿Es indispensable que el sistema electoral mexicano se continue distinguiendo por ser uno de los más caros del mundo? Estas y otras muchas preguntas que seguramente surgirían en el camino de haber un debate honesto, público y abierto, tendrían que responderse de cara a la gente y, ojo, tomando en cuenta también lo que de ello tiene que decir la propia gente, normalmente considerada una masa acrítica y obligada a ser observadora silenciosa de decisiones que le atañen directamente.
El primer paso para que esto sea posible fue la presentación a carta abierta de esta iniciativa durante la mañanera, en un ejercicio que sólo se ha visto en esta administración cuando de reformas de alto calibre se ha tratado.
Pero de ahí en adelante queda mucho camino por andar en donde todos los canales de discusión deben ser aprovechados. El más obvio son los medios de comunicación, tanto públicos como privados, que por más que se resistan, tienen un impacto social y por tanto una responsabilidad, también social. Ahí no es suficiente con consignar los dimes y diretes que desde partidos políticos, legisladores u otros actores de poder se generan. No es tampoco suficiente estacionarse en el monitoreo de cuántos votos se necesitan para la aprobación de esta reforma constitucional y dar seguimiento a si tal o cual legislador ya cambió de posición para seguir haciendo cuentas. Debe haber espacios en donde la reforma en sí misma sea discutida y desmenuzada, a través de voces diversas, que logren rebasar la frontera de la entelequia que evita que cualquier persona no especializada se involucre con el tema.
Otra arena son las propias calles, una en donde solamente Morena ha tomado seriamente la iniciativa de salir a explicar en asambleas de qué va la reforma.
No se ve que ese diálogo a cielo abierto se vaya a dar desde la oposición, como no se ha dado en otros procesos similares. Desde luego no ayuda y es un franco obstáculo a la discusión pública el absoluto rechazo a toda la reforma que este conjunto opositor manifestó desde el primer momento, en una estrategia que emula lo que hizo frente a la revocación de mandato para silenciar el debate bajo la consigna de: no pasarán, entonces para qué discutimos (o votamos o, en última instancia, alimentamos la participación).
Si una lección quedó de aquel proceso y también de la discusión de la reforma eléctrica, es que imponer y decidir de espaldas a la población, haciéndole vacío, ya no es posible en el México de hoy y no hace más que profundizar la ya arraigada sensación de que la oposición en su forma partidista y a través de algunos representantes del INE, es eminentemente antidemocrática. Por otro lado, la participación ya detonada por aquellos dos procesos podría indicar que, en este caso, la discusión se dará con o sin ellos, lo que será un nuevo triunfo colectivo, a pesar de que voten en bloque por la cancelación de la reforma.
Los resultados del mensaje que desde las distintas fuerzas políticas se ha dado sobre su relación con la base social, se verán en aquellas votaciones que no están en sus manos, no cabe duda. Más deseable que eso, es que hubiesen entendido las lecciones anteriores, se escuchara a la gente y se lograran alcanzar acuerdos en función de ello.