No hay duda, el Instituto Nacional Electoral está bajo ataque y somos muchos quienes podemos ver esta lamentable -y preocupante- situación que pone en riesgo a la vida democrática de nuestro país ante el embate con el que, de manera coordinada, se atenta en contra del órgano encargado de velar, procurar, defender y garantizar la democracia en México. Ante ello somos muchos quienes tenemos claro que hay que defender al INE y vemos como asunto urgente el detener intereses obscuros que vulneran al instituto, y con ello a la voluntad popular y la libertad ciudadana de decidir en los asuntos de interés nacional, pero ¿cómo hacerlo?, ¿cómo defender al INE de sus atacantes?
A través de una Reforma político electoral. Dé usted, estimado lector, una pensada libre de prejuicios; más allá de simpatías y repudios políticos, de consignas y nubes mentales inducidas por fanatismos, no es complicado percatarse de que hemos llegado a un punto en el que el mismo instituto encargado de asegurar a la ciudadanía el pleno ejercicio de sus derechos político electorales, y de contribuir con la difusión de la cultura democrática, se ha convertido en el gran obstáculo para, justo, garantizar a los mexicanos estos derechos.
El ataque a los principios, facultades y misión del INE es algo que hemos visto, una y otra vez, desde el interior del órgano y a través de esos opulentos -por no decir exóticos- consejeros que, desde inicios de sexenio, han dejado claro -entre mucho más -que no están de acuerdo con una austeridad que elimine los gastos superfluos e innecesarios para dirigir recursos a donde más se necesite, algo que responde a que, evidentemente, están alejados de una población a la que se consideran ajenos y de la que, incluso, se burlan de manera por demás racista ante sus usos, costumbres y lenguaje.
Recuerde aquella lamentable conversación entre el consejero presidente y el secretario ejecutivo del INE, Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo Molina, tras entrevistarse -el primero- con el representante de un pueblo indígena, hecho que inspiró a Córdova a -de acuerdo con sus propias palabras- "escribir unas crónicas marcianas desde el INE", pues el consejero presidente del órgano electoral de una nación pluricultural y multilinguista dijo que le resultaba “de pánico” el que “desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, había un mundo”… “Te voy a decir cómo hablaba ese cabrón” -le relató Córdova a Jacobo Molina- “Quiobo, jefe gran nación chichimeca. Vengo Guanajuato. Yo decir a ti, o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones". Ante estas palabras le pregunto ahora, a usted que lee estas líneas, ¿le parece -más allá de su simpatía o desacuerdo con el actual gobierno- que lo dicho por Córdova debería ser algo proferido por el presidente del INE?, ahí se la dejo.
Ahora, imagine usted la posibilidad de que este tipo de situaciones pudieran evitarse al otorgarle a la ciudadanía el derecho a ser ella quien elija a las personas que integran el consejo general del instituto encargado de la democracia en México. Pues no sólo se lo imagine, es algo que se propone en la Reforma Electoral presentada por el Presidente de la República al Poder Legislativo, una reforma que además –y entre mucho más- propone una reestructuración completa a un órgano autónomo que, al haber dejado de ser árbitro -si es que alguna vez lo fue- para convertirse en jugador, no es, para nada, autónomo.
Piénselo: una reforma al INE es algo que se propone justo para salvarlo, para protegerlo ante la magnitud de los atentados contra la democracia que desde su interior se gestan. Será sólo a través de una necesaria Reforma político electoral que se logrará arrebatar de las garras de intereses políticos, y económicos a un órgano que ha sido secuestrado por quienes, al ser autoridad electoral, tendrían que ser arbitro imparcial, pero que en lugar de ello se han convertido en infiltrados de intereses ajenos a la democracia en un órgano autónomo que, insisto, no lo es.
¿No lo es?, ¿se pregunta? Estimado lector, a la autoridad electoral ha declarado ante la menor oportunidad de ser escuchada que la abstención en un ejercicio de participación ciudadana, organizado por esta misma autoridad, es una opción democrática y válida. Lo anterior, por más inaudito que puede leerse, es una realidad. Así es, desde el interior del INE sujetos que se autodenominan demócratas, y desde su consejo general, llamaron a la abstención, en lugar de a la participación, en un ejercicio organizado por ellos mismos.
Le recuerdo: en vísperas de la consulta popular de revocación de mandato, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama plantearon que era democrático y viable el abstenerse y no participar en esta inédita votación con la que se le otorgó a la ciudadanía el poder decidir a mitad de un sexenio la continuidad, o no, de un presidente, y con ello dejar el precedente de una herramienta pacífica y democrática para que, tal y como lo marca nuestra constitución, todo poder imane del pueblo. Desde el interior del INE se torpedeó al ejercicio desde sus inicios: complicaron la recolección de firmas para solicitar la consulta, luego intentaron invalidarlas y al no lograrlo, ante la enorme cantidad que se recabó, extorsionaron con chantajes bajo el –nada creíble- argumento de no contar con recursos necesarios, lo que derivó en órdenes por parte de la SCJN para que celebrara la consulta, algo que finalmente se hizo pero bajo el principio del mínimo esfuerzo y una completa nulidad de difusión acompañada por una campaña infodémica de desacreditación al ejercicio.
A lo anterior se suman acciones que desde el propio Instituto emanan y dejan evidente una operación que beneficia a grupos de interés político, por ejemplo interpretaciones sesgadas de la veda electoral que no responden a la intención de una disposición que busca generar reflexión sobre la intención de voto y vulnera el derecho a ser informados por las autoridades sobre asuntos de interés público que nada tienen que ver con un proceso electoral.
Además de lo mencionado en estas líneas, la reforma plantea más modificaciones a la vida democrática de nuestro país, entre ellas la reducción de legisladores y una forma más democrática de designación de candidatos a ser representantes populares, también la reducción del dinero que -desde nuestros bolsillos año con año- se le entrega a los partidos políticos, lo que abona a que los partidos dejen de ser negocios, y que en lugar de continuar funcionando como rémoras del erario se enfoquen en llevar una actividad que responda al servicio público. A todo ello se suma la desaparición de institutos y tribunales electorales locales, lo que eliminaría una onerosa burocracia local cuando las elecciones y consultas pueden ser organizadas por un organismo nacional.
Así que salvemos al INE, modifiquemos no sólo su nombre, también todo aquello que hoy permite que desde su interior se atente contra la labor que debería llevar a cabo y no es así: proteger y fomentar la vida democrática en nuestro país. Póngase en contacto con su diputada o diputado, hágale saber cuál es su postura ante la Reforma Electoral, pídale que la lea –porque ya dijeron algunos que no lo iban a hacer- y que vote en representación suya, no a en la de su bancada u otros intereses particulares.