Ir al contenido
Nacional

Votación sobre la permanencia de la PPO será el próximo jueves: SCJN

4 min de lectura PDF

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reinició este 6 de septiembre la discusión sobre la permanencia de la figura de prisión preventiva oficiosa (PPO) como medida cautelar, sin embargo, luego de que las y los ministros emitieran sus argumentos a favor o encontrar de esta medida cautelar, el ministro presidente del Máximo Tribunal, Arturo Zaldivar, pospuso la votación hasta el próximo jueves para determinar su permanencia.

El ministro Pardo Rebolledo fue el primer ponente en esta segunda sesión y señaló que el cuestionamiento a la PPO no debe recaer directamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) sino en las leyes secundarias. "La ruta de solución y la línea argumentativa no tiene por qué pasar por el cuestionamiento de la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa en el 19 Constitucional", sentenció.

En una segunda participación en el pleno, la ministra Margarita Ríos-Farjat expuso que la figura de la PPO y su aplicación de manera general hará que se convierta en un instrumento engañoso para medir el éxito de una política pública de seguridad o de procuración de justicia. "Mi voto es contra la inaplicación de la Constitución y de la invalidez de las normas secundarias, pero a favor de interpretar distinto el núcleo central del parámetro de Constitucionalidad del Artículo 19 para reconducir la PPO", advirtió.

A su vez, el ministro Javier Laynez Potisek aseguró que está de acuerdo con los resolutivos de la propuesta de la PPO, aseverando que es inconstitucional haber declarado de seguridad nacional los tipos penales en materia fiscal.

Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena aseveró que está a favor de la conclusión central del proyecto sobre la PPO, aunque se aparta de sus consideraciones.

No obstante, la ministra Norma Lucía Piña Hernández detalló que realizará un voto concurrente con el del ministro Luis María Aguilar, quien presentó el proyecto para descartar la PPO. "No coincido en que la facultad de la SCJN dependa de las normas de carácter general que hubieran accionado los demandantes", señalo la ministra.

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, aclaró que la corte nos está facultada para hacer lo que el proyecto propone, sin embargo, destacó que se tiene la obligación de interpretar la constitución y en ese sentido el análisis del proyecto “es adecuado y correcto” y agregó que la figura de la PPO infringe en el principio de la presunción de inocencia.

“No puedo aceptar que […] sea la única manera de salvaguardar la seguridad de nuestro país, tenemos que avanzar, tenemos que ser más profesionales todos y todas y tenemos que buscar un sistema penal digno, decente para los miles de personas que están indefensas ante el abuso, ante la arbitrariedad que se sufre todos los días por los institutos de persecución a lo largo y ancho del país. Por eso desde mi convicción más profunda y siendo coherente y congruente con lo que he votado a lo largo de 13 años en este tribunal constitucional, estoy con el proyecto con la salvedad que ya enuncié”, sentenció Zaldívar.

Luego de que las y los ministros del pleno expusieran todos sus discursos a favor o en contra, el ministro Luis María Aguilar solicitó posponer la votación sobre la constitucionalidad y permanencia de la PPO, a lo que el ministro presidente accedió y pospuso hasta el próximo jueves a las 11:00 horas la tercera sesión en la SCJN para la determinar la resolución sobre la permanencia de esta medida cautelar.

Durante este par de sesiones se abordó el proyecto propuesto del ministro Luis María Aguilar, para anular la figura de la PPO, y el de Norma Lucía Piña donde señala que dicha medida constituye una restricción constitucional que afecta al derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia. El debate continuará este martes para decidir sobre la inconstitucionalidad de la PPO.

Esta figura penal como medida cautelar establece que toda persona que sea vinculada a proceso por alguno de los 16 delitos previstos en el artículo 19 de la CPEUM debe de ser privada de su libertad, con el fin de evitar una posible huida y garantizar su comparecencia ante un juez.