Todo comenzó el pasado 2 de abril de 2025, cuando Trump anunció desde la Rosaleda de la Casa Blanca una serie de aranceles “recíprocos” para todos los países del mundo al presentar el Plan Justo y Recíproco sobre comercio. Estos aranceles se basaron en una operación matemática que incluía tomar el déficit comercial en bienes de Estados Unidos respecto a otro país, dividirlo por el total de las importaciones de bienes de ese país, y luego dividir el resultado entre dos. En la tabla presentada el 2 de abril, los países más afectados fueron Sri Lanka (44%), Myanmar (44%), Vietnam (46%), Madagascar (47%), Laos (48%), Camboya (49%), y Lesoto y las islas de Saint Pierre et Miquelon (50%). Para China, se tenía prevista una imposición del 34% de aranceles más un 20% acumulado, lo que también lo incluía entre los países más afectados por las decisiones políticas de Trump. En esta primera ofensiva, se contemplaban aranceles del 10% contra Brasil. Una semana después, Trump decidió suspender los aranceles durante noventa días debido a la inestabilidad que estos generaron en los mercados internacionales.
El 1 de julio se cumplieron los noventa días previstos, y quizás la mayor sorpresa fue el golpe contra Brasil, que llegó el 9 de julio, cuando Trump amenazó con la imposición del 50% de aranceles sobre todas sus exportaciones a Estados Unidos, independientemente de los aranceles sectoriales. La idea de Trump representó un aumento del 400% en los aranceles previstos para Brasil, y la medida tuvo un origen que va más allá del comercio, pudiéndose plantear como un mecanismo de ataque contra la justicia brasileña. A diferencia de otros países, Estados Unidos no tiene un déficit comercial frente a Brasil. Las exportaciones de Estados Unidos de bienes y servicios fueron de 78,000 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron de 49,000 millones de dólares, según reporta la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio, lo que indica que no hay un problema comercial entre Brasil y Estados Unidos, ya que en 2024, Estados Unidos tuvo un saldo a favor de 30,000 millones de dólares. La política de Trump para Brasil tiene razones políticas e ideológicas, más que comerciales.
Trump ha señalado que estos gravámenes son una represalia por el trato que, supuestamente, el gobierno brasileño le está dando al político de extrema derecha Jair Bolsonaro. Trump usó Truth Social para difundir diversas misivas informando los montos arancelarios contra diferentes países; normalmente, el modelo de carta era el mismo, cambiando solo la cifra de los aranceles. A excepción de los demás países, para Brasil dedicó una carta especial. Trump considera que las acciones del gobierno brasileño representan una “caza de brujas” contra Bolsonaro y su familia. No debemos olvidar que la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal aprobó el inicio del proceso contra Jair Bolsonaro por liderar una organización criminal y fomentar un golpe de Estado, tras no reconocer su derrota electoral después de la segunda vuelta presidencial celebrada el 30 de octubre de 2022, donde fue derrotado por el candidato del Partido de los Trabajadores por un poco menos de 2 puntos porcentuales. El 5 de julio de 2025, el Tribunal Supremo de Brasil impuso arresto domiciliario a Jair Bolsonaro por no cumplir las medidas cautelares que se le habían impuesto, incluida la abstención de realizar publicaciones en redes sociales.
El caso contra Bolsonaro se remonta al asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, ocurrido el 8 de enero de 2023, y que tuvo como objetivo impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil. Bolsonaro no es el único implicado en este proceso; entre los miembros de la lista de personas involucradas destacan diversos exmiembros de la administración Bolsonaro, incluidos Walter Souza Braga Netto (ex candidato a vicepresidente), Augusto Heleno (Ministro Jefe del Gabinete de Seguridad), Paulo Sérgio Nogueira (Ministro de Defensa), Braga Netto (Ministro de Defensa), Almir Garnier Santos (Ministro de Marina), Anderson Gustavo Torres (Ministro de Justicia) y Alexandre Ramagem (encargado de la Agencia Brasileña de Inteligencia). Además de los principales involucrados, existen más de 30 implicados menores. Entre los delitos imputados a Bolsonaro y a los denunciados se encuentran golpe de Estado, organización criminal armada, daño calificado con violencia, deterioro del patrimonio, difusión sistemática de desinformación electoral, elaboración de un borrador de decreto golpista, entre otros. Bolsonaro podría enfrentar una acusación de 43 años de cárcel, y la sentencia podría estar lista en septiembre de 2025. En el juicio contra Bolsonaro trabajan en conjunto el Supremo Tribunal Federal y el Tribunal Superior Electoral; el caso ha sido desarrollado principalmente por Alexandre de Moraes.
Desde el anuncio de la publicación de la carta en la que Estados Unidos impuso aranceles de forma unilateral a Brasil, estas acciones representaron un intento del gobierno de Estados Unidos de inmiscuirse en el funcionamiento judicial interno de Brasil. Es importante decir que esta es una medida de presión sin precedentes y que refuerza la relación de Trump con un político de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Este intento por parte de Trump no está basado en motivos comerciales, como ya se mencionó, sino que tiene motivaciones ideológicas. En una orden ejecutiva de finales de julio de 2025, Trump señaló que el gobierno de Brasil, con su actuar, amenaza la libertad de expresión y de elección; asimismo, la orden ejecutiva señala que el ministro Alexandre de Moraes ha abusado de su poder para realizar una cacería de adversarios políticos (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/07/addressing-threats-to-the-us/).
La administración Trump no ha llevado a cabo solamente ataques contra el gobierno de Brasil, sino que ha aplicado la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos contra el minsitro Alexandre de Moraes y lo ha incluido en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. La Ley Magnitsky fue creada por Barack Obama en 2012 y ha sido aplicada a terroristas, violadores de derechos humanos, narcotraficantes, dictadores y personas que han incurrido en casos de corrupción a nivel global. En esta ocasión, Trump utiliza la Ley Magnitsky como un mecanismo de intimidación contra uno de los miembros del Poder Judicial en Brasil.
En un primer momento, Lula señaló que no sería amedrentado por el gobierno de Trump y que el sistema judicial brasileño era inmune a las interferencias y amenazas del exterior, pues la supuesta “libertad de expresión” no ampara las prácticas violentas, y previó la posibilidad de imponer aranceles recíprocos, dada las facultades que le otorga la Ley de Reciprocidad Económica de 2025. Es bien sabido que la medida de Trump también es una acción contra el avance de los BRICS. Estados Unidos ha amenazado con un impuesto adicional del 10% contra aquellos países que adopten políticas comerciales promovidas por los BRICS. En un segundo momento, Lula señaló que no impondría aranceles recíprocos, que apoyaría políticas de ayuda a empresas afectadas y que no negociaría con Trump.
Sin embargo, los aranceles tendrán un efecto negativo para el gobierno de Trump. Estados Unidos es el segundo socio comercial de Brasil, solo por detrás de China, mientras que Brasil es uno de los cinco mayores socios comerciales de Estados Unidos. En términos de producción, Brasil es el segundo proveedor de acero de Estados Unidos y uno de sus mayores vendedores de productos alimenticios. Como afirmó Alan Wolff, los consumidores estadounidenses serán uno de los grandes perdedores de la política arancelaria de Donald Trump (Los Angeles Times, 2025). Los aranceles sobre Brasil tendrán un efecto negativo en el desayuno y la comida de los estadounidenses, ya que estos impuestos indirectos se traducirán en un aumento en el costo de los alimentos. Vale la pena recalcar que el 30% del café que se consume en Estados Unidos, el mayor consumidor de café del mundo, proviene de Brasil, y el 50% del jugo de naranja tiene el mismo origen. Brasil también vende a Estados Unidos azúcar y carne de res. En términos políticos internos, los aranceles de Trump han generado una ola nacionalista que se ha traducido en un mayor apoyo a Lula y al Poder Judicial, mientras que, en términos internacionales, ha tenido como efecto un mayor acercamiento del gobierno de Brasil a sus homólogos de India y China.
En conclusión, la imposición de aranceles de 50% contra Brasil por parte de Donald Trump no es una medida económica, sino un acto de injerencia política sin precedentes. Al castigar a un aliado comercial con el que Estados Unidos mantiene un superávit, Trump dejó en claro que su objetivo no es corregir desequilibrios comerciales, sino defender a un aliado ideológico: Jair Bolsonaro. Sin embargo, esta estrategia podría resultar contraproducente. Por un lado, afectará directamente a los consumidores estadounidenses, encareciendo productos esenciales. Por otro lado, fortalece la posición de Lula, consolida el apoyo interno a la democracia brasileña y acerca aún más a Brasil a los BRICS, bloque que Trump busca debilitar.Más que una victoria geopolítica, esta medida revela la vulnerabilidad de Trump que, desde su retorno al poder, prioriza lealtades personales sobre los intereses estratégicos de su país. Brasil, por su parte, ha demostrado que no cederá a presiones externas, incluso cuando vengan de la Casa Blanca. Mientras Trump juega a las represalias, el verdadero perdedor podría ser el liderazgo global de Estados Unidos.