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Opinión

Ayotzinapa: deudas, barreras y entuertos

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Este martes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que trabajaba sobre el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, presentó su sexto y último informe.

En este último informe, revelan temas que siguen siendo escalofriantes y que reafirman que sí, sí fue el Estado el que desapareció a los 43 estudiantes, también que las autoridades locales, estatales y federales, las fuerzas armadas y todos los involucrados supieron todo el tiempo que estaban atacando, violentando, torturando y ejecutando a estudiantes normalistas.

En todo momento, tuvieron conocimiento de que no estaban atacando a ‘criminales’ del grupo de “Los Rojos”, como cínica y falsamente se planteó en el montaje de la llamada “verdad histórica” de Murillo Karam y Peña Nieto. Pero también de Osorio Chong y de todo el priísmo que ayudó a montar la escena, así como los comunicadores y medios que difundieron y defendieron el montaje con uñas y dientes.

No hay nada que reprocharle al GIEI, su trabajo fue extraordinario: desmenuzó y explicó desde local un caso complicadísimo. Su trabajo de investigación y análisis permitió desmontar la “verdad histórica” a pesar de todas las resistencias.

Resistencias que, de acuerdo con lo dicho por el propio GIEI, los orillaron a retirarse de las investigaciones ante la falta de acceso a documentos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina, documentos que no se abrieron a pesar de tener la orden expresa del presidente, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Sin negar los avances que se han logrado en el caso y que han llevado a la justicia a más de un centenar de personas por su participación en el caso, reconociendo completamente el trabajo y la voluntad política y la voluntad inquebrantable de funcionarios como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas… la forma en que se retira el GIEI y la pared ante la que, parece, se topan las investigaciones sí deja un mal sabor de boca.

Porque a pesar de la voluntad política desde el Ejecutivo para que las familias de los 43 tengan acceso a la verdad y a la justicia, como es su derecho, la deuda sigue pendiente. Parece que hay fuerzas que no ceden, vicios y barreras que no se rompen, y entuertos que no se enderezan a la primera.

Vivos se los llevaron, vivos los queremos.