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Opinión

Busca Andrés Manuel López Obrador que se cumpla el T-MEC

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La postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de garantizar la soberanía energética no es ilegal, tampoco es inconstitucional y mucho menos va en contra del tratado pactado con Estados Unidos de América y Canadá; más bien es todo lo contrario, pues el mandatario mexicano está respetando un acuerdo internacional acordado y ratificado por los tres estados.

En los últimos días hemos escuchado y leído “especialistas”, comentócratas y opinólogos alardear sobre la posición del Presidente de garantizar al pueblo de México la soberanía energética, haciendo mención a que dicha decisión es un atentado al principio de legalidad, añadiendo en su retórica rimbombante que el costo político y jurídico con las dos naciones es muy alto.

En las siguientes líneas voy a obviar los antecedentes, el objetivo del tratado, los participantes y demás información debido a que no responden de fondo al cuestionamiento planteado en el proemio de la columna. Las preguntas a responder son ¿es legal o no la postura del Presidente?, ¿el Presidente va en contra del T-MEC?, respondiendo a las preguntas anteriores busco demostrar que, si hay alguien que está respetando las reglas planteadas y aceptadas desde un inicio, es el Presidente de México.

Por pedagogía y mejor comprensión de la opinión, comenzaré fundamentando la supremacía constitucional que faculta al Presidente a tomar las posiciones que hoy toma, pues de acuerdo con el art. 133 de la Constitución, y con una interpretación literal nos señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) lo siguiente:“Esta Constitución, […] y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”. El lector verá que el artículo también contempla los tratados internacionales, la condición que puso el constituyente para que esta -el tratado internacional-, sea considerada también como ley suprema es que “estén de acuerdo con la Constitución”, es decir, en caso de que el tratado internacional no vaya en armonía con la Carta Magna, el trato jerárquico normativo que se le atribuirá, será inferior.

De lo anterior, diferimos que los 136 artículos que integran la CPEUM serán Ley Suprema y toda ley o norma contraria a esta será inconstitucional o anticonstitucional, y es aquí, donde podremos encontrar e interpretar que la soberanía energética y su defensa es un deber constitucional que obliga al Estado mexicano a tutelar en todo momento.

Por lo anterior, la rectoría y la planeación de desarrollo nacional le competen al Estado, con el objetivo de que este garantice la soberanía nacional, mediante la competitividad y el fomento al crecimiento económico que permita el desarrollo de la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. Igualmente le compete al estado, las áreas estratégicas, encargándose de la planeación y el control del sistema eléctrico.

Cuando el presidente dice, que corresponde al gobierno de México el dominio directo de los recursos naturales, no hace otra cosa mas que cumplir con lo señalado en los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales, pues le compete el estado mexicano y a su pueblo -el soberano-, el dominio de los minerales localizados en las plataformas continentales y los zócalos submarinos, ratifica que la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible, así como la explotación y el aprovechamiento de los recursos como es el petróleo, los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos.

En repetidas ocasiones, el presidente ha sido claro diciendo: “Si acceder al mercado de EUA, es ceder soberanía, no lo aceptamos”, lo único que hace Andrés Manuel, es refrendar su lealtad y juramento de respetar y hacer valer a la constitución, pues está, ha sido clara en dos principios; el primero, que la soberanía nacional debe ser garantizada por el Estado y eso significa, soberanía energética, alimentaria, de seguridad entre otras. Y el segundo principio, es que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.

Cuando empleo el término de principio y no el de norma, es porque un principio constitucional no admite excepción, es decir, un principio se integra de absolutos, o se cumple o no se cumple, a diferencia de las normas que admiten excepciones de acuerdo a situaciones en específico.

La segunda parte del análisis es la vertiente internacional, pues dejaremos de lado aquella discusión sobre la coercitividad y el principio de buena fe que rigen los acuerdos internacionales para reducir el análisis única y exclusivamente al Capítulo 8 del T-MEC, denominado “Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los Hidrocarburos”, pues en su artículo 8.1 -de forma expresa-, señala que las partes (México-EUA-Canadá), se obligan a respetar plenamente la soberanía y su derecho soberano respecto los asuntos relacionados con las constituciones y el derecho interno, en este caso, la CPEUM y las leyes que de ella emanen.

En el presente artículo, los vecinos del norte reconocen y aceptan que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución, refrendando el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo mexicano.

Recordemos que la interpretación de los tratados internacionales debe ser auténtica (la que pactan las partes) y también haciendo uso de la interpretación conforme (porque así lo mandata nuestra Const. en su art. 133), se debe interpretar todo instrumento internacional armonizando con la Constitución Federal y ejerciendo un control de constitucionalidad.

Como se expuso anteriormente, el derecho interno e internacional asisten al Presidente de México, pues de forma expresa y clara, se precisó que a México le corresponde directamente todos los hidrocarburos del subsuelo mexicano, de no respetarse la reserva acordada y aceptada, se estaría vulnerando el T-MEC, el principio de buena fe que rige al derecho internacional y sobre todo, se estaría vulnerando la soberanía de México y con ello la dignidad del soberano, que reside originariamente en todos y cada uno de nosotros.