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Opinión

El CURP y la Paradoja de la Privacidad: Entre el Estado y el Mercado

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La semana pasada Morena presentó en el Senado un dictamen para emitir una nueva Ley General de Población, la cual tenía contemplada, entre otras cosas, que en el CURP se incluyeran datos biométricos como una fotografía del rostro y las huellas digitales. Esto desencadenó un escándalo por parte de la oposición, las ONG y la “sociedad civil”; ya que, según varias voces, es un riesgo que el Estado tenga los datos personales de la población, puesto que puede desencadenar represión, autoritarismo y demás escenarios fatales.

Más allá del desenlace de la discusión, este debate pone de relieve un conflicto que ha estado más y más presente desde la consolidación de la tecnología digital y la instauración del mercado de datos: ¿Por qué es indeseable que el Estado tenga los datos personales de sus ciudadanos y, al mismo tiempo, es aceptable que las empresas tengan millones de datos personales a nivel mundial y se beneficien desproporcionadamente de un mercado en donde se vende el acceso a los datos?

Para comenzar, es necesario recordar que históricamente el Estado ha sido el actor encargado del recabo, procesamiento y uso de datos de la población; es más, esta actividad ha sido central en toda sociedad organizada, sobre todo, en el proceso de creación y fortalecimiento del Estado-Nación; por tanto, el Estado no puede funcionar sin datos, al contrario, esto son elementos indispensables en la labor administrativa de la sociedad.

El rol del Estado como actor central en el manejo de datos de la población había sido una constante desde el siglo XVII hasta bien entrado el siglo XX; sin embargo, con la instauración del neoliberalismo y su objetivo de desplazar al Estado por el mercado y la iniciativa privada, la capacidad de los Estados para recabar datos y usarlos en la administración fue disminuyendo rápidamente, mientras que las empresas (usualmente transnacionales) fueron ocupando diversas áreas en donde antes el Estado intervenía, apoderándose en el proceso de la capacidad técnica para el tratamiento de datos.

Junto con el desarrollo del neoliberalismo y sus instituciones internacionales, a partir de los años noventa Occidente generó y fortaleció un orden internacional en materia digital, apoyado por acuerdos y tratados (como el T-MEC, antes TLCAN), los cuales privilegiaron “el libre flujo de información”; en donde los Estados adoptaron más bien un papel de administradores del mercado de datos y facilitadores del libre flujo de datos e información, mientras que las empresas fueron las beneficiarias y encargadas del recabo, tránsito y procesamiento de datos.

Lo importante de tal orden es que éste fue impuesto directamente por Estados Unidos justo en el momento en el que internet se volvió un negocio comercial y en buena parte privatizado. Este orden tenía por objetivo la (supuesta) promoción de valores democráticos a nivel internacional, así como también la democratización en el acceso a la información; sin embargo, a nivel práctico esto también significó el aumento en la cantidad, calidad y tipo de datos a los que podía acceder el gobierno de Estados Unidos, ya que, tal libre flujo de datos ha tenido como destino final las infraestructuras de las empresas estadounidenses, lo que se suma al hecho que varias empresas de tecnología han cooperado con los programas de espionaje masivo de EUA, tal como pasó con la Agencia de Seguridad Nacional, caso que dio a conocer Edward Snowden en 2013.

Por tanto, no es fortuito que exista una narrativa sostenida a nivel internacional que alerta del papel del Estado y la tenencia de datos personales, mientras que paralelamente actúa reactiva, tímida y complacientemente con las empresas que se han beneficiado enormemente del (desigual y pobremente regulado) mercado de datos; esta situación representa un orden heredado directamente del periodo neoliberal.

Lo anterior no significa que no exista un riesgo patente en el mal uso de datos por los distintos órdenes de gobierno, actores políticos e instituciones; sin embargo, la labor administrativa y gubernamental de los Estados no puede estar alejada de los datos, sino que debe contar con controles y salvaguardas que eviten o disminuyan los riesgos, algo que también debería extenderse hacia las empresas y el mercado de datos, ya que su posesión por actores privados (y extranjeros) también representa diversos riesgos.

Una vez dicho lo anterior y hablando específicamente del caso mexicano, resulta ilógica y exagerada la reacción de diversos actores políticos y de la “sociedad civil”, sobre todo porque el Estado Mexicano YA tiene los datos propuestos en el cambio del CURP, éstos se encuentran en el INE, la SRE (con el pasaporte), con la licencia de conducir, en la SEP y en otras instituciones más. ¿Ha habido un riesgo catastrófico como el que alertan? No. ¿Ha habido un mal manejo de datos? Sí, pero esto se ha debido mayormente a la falta de experiencia y capacidades técnicas y sociales de las instituciones y no a un plan de sometimiento social y orden autoritario, tal como alertan.

En este embrollo del CURP algunas voces ya han pedido la intervención del INAI, una institución cuya naturaleza sirve directamente para sostener el orden neoliberal de tenencia de datos, en donde el Estado no sólo está limitado al acceso de datos personales, sino a que está obligado a la plena transparencia, algo bastante positivo en sí, pero que las empresas aprovechan para alimentar sus propias bases de datos, ganando millones en el proceso.

Además, las empresas enfrentan limitaciones en materia de protección de datos muchas veces sólo en papel, ya que sus capacidades técnicas pueden burlar las limitaciones legales y técnicas del INAI (y vaya que lo han hecho); mientras que éstas gozan de protección de sus datos y los datos que recaban, por lo que es muy seguro que empresas como Google, Meta, X, Microsoft, TikTok y muchas otras más, tengan más datos personales que el Estado, en este caso México.

Por otro lado, el mercado de datos a nivel internacional no excluye, ni previene, ni ayuda en absoluto a luchar en contra del riesgo autoritario y el uso indiscriminado de datos; es más, en muchas ocasiones han sido participantes y cooperativos con los gobiernos para espiar y censurar a su población; por lo que el evitar que un Estado acceda a los datos resulta fútil en caso que un gobierno desee actuar maliciosamente; ya ni digamos de las estrategias técnicas para hacerse de datos, tal como pasó con Pegasus y otros software maliciosos diseñados para acceder a datos personales.

Asimismo, resulta irónico (y bastante politiquero) el hecho que varios grupos y acores políticos sean tan reactivos con la tenencia de datos del Estado y al mismo tiempo no pestañeen en usar y alabar productos como los de Facebook, Google u OpenAI, los cuales se han desarrollado por medio del uso y abuso de datos personales y no personales.

En cuanto al INAI queda preguntarnos cuál ha sido su postura o función en casos como ChatGPT, ya que mientras en países como Italia se puso en vilo su funcionamiento por posibles faltas en materia de propiedad de datos personales y propiedad intelectual, acá no ha habido más que un silencio cómplice. Ya ni se diga de su pasividad frente a Google o Meta.

Es importante señalar que no se puede administrar algo que no se conoce y, dado que actualmente las empresas conocen más de la población que los propios Estados, no sería descabellado el pensar que en algún momento las empresas adquirirán labores administrativas que antes pertenecían a los Estados; sin embargo, el problema no acaba aquí, dado que la evolución de tecnologías como la Inteligencia Artificial no sólo otorgan una capacidad de administración, sino también de homologación. ¿Esto qué quiere decir? Con la Inteligencia Artificial no sólo se puede administrar ciertos aspectos de la sociedad, sino que esta tecnología permite el establecimiento de parámetros y verdades generales, así como la identificación de desviaciones en tiempo real, lo que implica que la administración ahora puede ser internalizada y reforzada en tiempo real.

Por lo que si el Estado sigue renunciando a la tecnología y, a su vez, la tecnología se vuelve un eje central en la capacidad de administrar y ejercer poder, el Estado será desplazado de sus obligaciones y capacidades frente a la sociedad, por lo que las empresas tecnologías terminarán suplantando algunas funciones. Aquí es donde entran cuestiones como el tecnofeudalismo, aquella hipótesis que plantea que en el futuro las empresas tendrán tantas capacidades que éstas formarán especies de feudos de los que la sociedad dependerá, en vez de asirse a la figura del Estado.

En conclusión, es innegable que estamos en un proceso de reacomodo tecnológico en donde los datos (personales y no personales) son un elemento central, por lo que es claro que la transparencia disminuirá mientras que la exclusividad aumentará, esto hace más que necesario que el Estado intervenga en el mercado de datos, así como en el rumbo del desarrollo tecnológico, el cual bien podría tener otro enfoque alejado del neoliberalismo, tal como un uso social en beneficio de la población, en donde la explotación de datos no sea el mercado central, ya que sobra decir que es más que posible el desarrollo de tecnología que no sea adicta a los datos personales y no personales.