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Opinión

El juez por su casa empieza

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En innumerables ocasiones son, las que México ha solicitado a países como Estados Unidos que mejore el trato y las condiciones que ejercen sobre las y los migrantes mexicanos, casos como los centros de detención de migrantes en Arizona, Texas y California; han sido temas para la discusión de la agenda bilateral.

Sin embargo, recordemos que desde octubre de 2018 cuando en San Pedro Sula, salió la primera caravana migrante, quedaría al descubierto la inoperancia de un sistema corrompido y poco operativo; hablo del Instituto Nacional de Migración (INM).

Fue a raíz de la presión ejercida por las autoridades estadounidenses, para que México se hiciera responsable en detener a miles de personas que desfilaban en busca de mejores condiciones y de un “sueño americano” que dista mucho de ser un sueño, por cierto. Seria así que nuestro gobierno instaría a mandos militares a tomar el control de las oficinas de migración, de renovar los centros de atención a migrantes y generó programas para operar en suelo nacional, pero también, en países vecinos para generar condiciones laborales que evitaran mayores migraciones, esta última, hasta la fecha, ha sido la medida más efectiva.

El INM a través de sus instancias atiende casos de migrantes en diferentes situaciones, desde regularizar a migrantes que residen en el país, como a detener y presentar ante un juez, o en su caso, deportar a migrantes que incumplan la legalidad nacional. México al ser un país de libre tránsito siempre ha sido receptor solidario de migrantes, pero ante la presión de su vecino del norte, las medidas ante migrantes que se trasladan para llegar a Estados Unidos han tenido que recrudecerse, sobre todo en bordes fronterizos del sur, y norte de México, aún y cuando los 32 estados de la república cuenten con una oficina de asistencia a las y los migrantes.

Lo sucedido en Ciudad Juárez era una bomba de tiempo y pudo suceder en Suchiate, en Tijuana o en Reynosa, y queda claro que tras las presiones del vecino del norte y el endurecimiento de las autoridades, los centros de detención vieron un aumento de hasta 500% en su capacidad, volviendo centros de hacinamiento y sin condiciones para salvaguardar la integridad humana.

Si bien, fue una protesta de los mismos detenidos la que ocasionaría el incendio, es la autoridad migratoria quien debe hacerse valer y responder ante la situación, privilegiando ante todo, la condición humana, ya bien lo ha manifestado el subsecretario Alejandro Encinas, debe llevarse a cabo la investigación pertinente, porque es responsabilidad de la autoridad mexicana enmarcada en su autoridad migratoria la encargada de salvaguardad la integridad de las y los migrantes ante su posible retorno, o en espera de su situación jurídica.

Por último, lo anunciado por el presidente López Obrador, manifiesta estar enterado en todo momento de las situaciones y bien por él y sus allegados de no dejar pasar esta situación, ya que hay mucho entramado de corrupción, lo que aun vive en este mundo de burocracia institucional migratoria.

¡Hasta Siempre!