Cristina Fernández, ex-presidenta y actual vicepresidenta de Argentina es víctima, como ya lo había sido, de una campaña de lawfare. Dos fiscales argentinos piden que se le encarcele por doce años, y se le inhabilite políticamente de por vida. Éste ha sido el último paso de una campaña que inició en 2019, acusándola de asociación ilícita y desvío de fondos, presuntamente cometidos durante su presidencia (2007-2015).
Ambos actos de campaña negra contra Cristina tienen un hecho en común: se dan en la antesala de procesos electorales. En 2019 hubieron, como habrán en 2023, elecciones presidenciales. Es importante recalcar que el pueblo de Argentina reaccionó rápidamente contra esta renovación de la campaña negra contra la vicepresidenta; la misma noche de la petición del fiscal en su contra ya abarrotaban la calle donde ella vive, respaldando a Cristina.
El término de lawfare ha ido ganando popularidad en América Latina, sobre todo a partir de la primera oleada progresista, pues casi todos los liderazgos de la izquierda de nuestro continente han padecido de esta estrategia. Consiste en el linchamiento mediático y jurídico de liderazgos populares, militantes, periodistas, funcionarios de gobierno, etc. En complicidad, los medios hegemónicos nacionales e internacionales pueden dar amplia publicidad a acusaciones falsas contra compañeras y compañeros.
Las campañas mediáticas buscan ser tan poderosas que, para cuando un juez corrupto dicte sentencia contra estos liderazgos, la población en general considere que es legítimo encarcelarlos. El lawfare apunta también a deshumanizar a las personas falsamente acusadas, a sembrar desconfianza hacia ellas incluso dentro de sus propios movimientos sociales. Busca arrebatar la dignidad humana de quienes sufren campañas de difamación, y para ello, siembra odio.
Se trata de violencia sistemática ejercida desde el poder, contra quienes lo cuestionan; debemos siempre estar alertas para defender a nuestros movimientos de este tipo de campañas. Si por alguna razón, el encarcelamiento no es posible jurídicamente, el daño sobre la reputación de la persona difamada ya estará hecho. Una estrategia redonda, pues logra lastimar a los movimientos populares en algún grado, sea mayor o menor. Además, este tipo de ataques son difíciles de prever. Uno no puede saber cuándo le acusarán de un delito que no cometió.
Como decíamos, esta estrategia toma auge en nuestro continente a partir de la primera ola progresista. La sufrieron compañeras y compañeros como Rafael Correa, Evo Morales, Lula Da Silva, Dilma Roussef, Cristina Fernández de Kirchner, Manuel Zelaya, Fernando Lugo, entre otros. La autora Arantxa Tirado aventura en su libro “Lawfare: golpes de Estado en nombre de la ley”, que la primera campaña de este tipo sucedió en México, cuando los poderes jurídico y mediático buscaron sacar a AMLO de la carrera presidencial de 2006, desaforando al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
No es casual que la derecha argentina desate una campaña mediático-jurídica contra una de las principales líderes nacionales del país del sur. Decimos esto no solamente porque es la principal estrategia de desestabilización que usa la derecha latinoamericana en las últimas décadas, sino porque apuntamos a un hecho obvio, pero importante de enunciar: el lawfare es una estrategia coordinada por los Estados Unidos.
Desde el triunfo mexicano de 2018, se ha desatado lo que muchos llamamos la segunda ola progresista de América Latina. Triunfos populares como el de la dupla Alberto Fernández - Cristina Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia, el proceso Constituyente y Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia, Pedro Castillo en Perú, y Xiomara Castro en Honduras coinciden con un momento en que el liderazgo estadounidense está siendo cuestionado, tanto por los latinoamericanos, como por la Comunidad Internacional en general.
En este contexto es que se vuelve clave para las derechas latinoamericanas y para Washington, desacreditar a Cristina, quizá la líder más carismática del peronismo hoy en día. Imaginemos: si las cosas en México para el 2024 son como los números indican (que morena ganará de nuevo la presidencial), y además en Brasil - como también parece que será - Lula da Silva gana la presidencia este octubre, tendremos por primera vez en la historia a tres presidentes progresistas en las tres economías más importantes del continente.
Como el diagnóstico estadounidense es que ni en México ni en Brasil será posible frenar las victorias populares, Washington pondrá toda su energía en Argentina. Es, si queremos decirlo, el eslabón más débil. La razón por la que esto es así es la derrota sufrida por la coalición gobernante en las pasadas elecciones legislativas en 2021: la derecha macrista logró más votos y más escaños que el gobierno, dejando a Alberto Fernández en una posición comprometida, enfrentando además una severa inflación nacional causada por la deuda al FMI heredada por Macri y por la inflación global causada por la guerra de Ucrania y Rusia, post-pandemia.
El presidente argentino enfrenta una baja en su popularidad. Ya para 2021, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - afín a la izquierda latinoamericana - diagnosticaba un 53.2% de opinión negativa contra Fernández (https://www.celag.org/encuesta-argentina-agosto-2021/). No obstante, la mayoría de la población se identifica, según esa misma encuesta, como peronista. La conclusión es obvia; si Alberto está debilitado rumbo a la siguiente elección, la enemiga a vencer es Cristina.
Lo anterior explica no solamente la reiteración del ataque a Cristina, sino la estrategia geopolítica de Estados Unidos para frenar los esfuerzos de integración latinoamericana comenzados en México, durante la Cumbre de la CELAC auspiciada por López Obrador, y continuados en Argentina por Alberto Fernández. Casi a la par de las elecciones de gobernadores en Coahuila y Estado de México, Argentina tendrá una renovación presidencial que se vislumbra difícil para la izquierda.
De los resultados electorales de Argentina en 2023 dependerá fundamentalmente si el hito histórico de reunir tres presidentes latinoamericanos dura al menos cuatro años, o bien solamente algunos meses, desde que Lula gane la presidencia brasileña hasta que el macrismo regrese al poder político en Argentina.