Hace algunos días, despertamos con una de las noticias más relevantes para comunidad internacional de empresas y derechos humanos. La nueva Directiva de debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente (CSDDD o CS3D) de la Unión Europea, había impulsado favorablemente los mecanismos cuyo objeto es garantizar que las empresas adopten medidas para identificar, prevenir, mitigar, eliminar y reparar los efectos adversos en los derechos humanos y el medio ambiente de sus actividades propias, las de sus filiales o las de sus cadenas de valor.
Es decir, lo que intentan regular es la responsabilidad que tienen las empresas de regular que sus operaciones no sean motivo de violaciones a los derechos humanos de las personas. Por tal motivo se define a la “diligencia debida” como proceso que permite a las empresas identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de cómo abordar sus impactos adversos reales y potenciales.
Y aunque, efectivamente existen algunos Estados (miembros de la Unión Europea como Francia, los Países Bajos y el Reino Unido) que ya cuentan con normas nacionales de diligencia debida en materia de ASG (criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo). Lo que ahora prenden desde la directiva, es que esto ocurra escala de toda la Unión Europea, es decir, armonizar los criterios de aplicación y los marcos de responsabilidad civil y penal, así como ampliar los esfuerzos en todo el bloque económico que representan. Una avanzada que otros países del mundo deberían estar observando y discutiendo.
En su comunicado de prensa, la Comisión Europea publicó que han adoptado la propuesta de la directiva sobre la debida diligencia de las empresas y detallan: “Las empresas desempeñan un papel clave en la construcción de una economía y una sociedad sostenibles. Se les exigirá que determinen y, en caso necesario, prevengan, atajen o mitiguen los efectos adversos de sus actividades en los derechos humanos (por ejemplo, trabajo infantil y explotación de los trabajadores)”.
Respecto al medio ambiente, destacan que con este mecanismo pretenden mitigar los efectos de la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Para las empresas, estas nuevas normas aportarán seguridad jurídica y condiciones de competencia equitativas. Para los consumidores y los inversores, aportarán más transparencia.
De tal modo que estas nuevas normas de la UE pretenden impulsar la transición ecológica y protegerán los derechos humanos en Europa y fuera de ella, es decir, regular toda la cadena de suministro desde .su origen para que el consumo en UE no sea un espacio utilizado para violentar comunidades fuera de ella.
Para determinar los pasos a seguir luego de esta discusión, consultamos a la consultora independiente en materia de derechos humanos para la ONU, Fernanda Hopenhaym, quien nos explicó que aun estamos en fase administrativa, el ejemplo que usa es: “Parecido a lo que ocurre cuando en México se aprueba una ley federal, el paso siguiente son las leyes secundarias y la homologación de criterios”. Es decir, la directiva de la CSDDD todavía no concluye los trabajos.
“Sigue una fase más administrativa. Una vez que se llegó a este acuerdo, sobre este mismo texto tendrán que trabajar entre las partes que lo negociaron, la Comisión Europea, el Consejo de Estados y el Parlamento Europeo lo pasan la fase administrativa, que vendría siendo como aquí (en México) se aplican las leyes secundarias. Entonces, falta acordar lo que quedará plasmado exactamente, con los requisitos y a partir de qué fecha entra en vigor. Una vez que esto entre en vigor, serán públicas las nuevas exigencias para las empresas y lo que tengan que desarrollar en esta debida diligencia”
¿Que dicen las voces expertas? No todo es miel...
En México tenemos dos voces expertas en la materia. La primera Fernanda Hopenhaym, experta independiente en materia de derechos humanos y empresas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Elena Arengo, codirectora ejecutiva de la organización civil PODER, especializada en análisis empresarial y su actividad en materia de derechos humanos.
Ambas coinciden en un primer punto, lo ocurrido en la nueva Directiva de debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente, se trata de un hecho histórico que beneficia a todo el mundo, sin embargo (y sin el ánimo de portar un triunfalismo innecesario), las expertas insisten en mencionar que aun existen varios puntos de los que debemos seguir pendientes.
La primer crítica la arroja Hopenhaym. Ella explica que uno de los principales señalamientos que tiene la elección tomada por la CSDDD es que, como estuvo escrito hasta el último momento de lectura, hacen falta mecanismos que aseguren que no se trate de otro simple trámite.
“Se convierte en una lo que llamamos (en el grupo de personas expertas de la ONU) obligación de medios. Es decir, tu empresa estás obligada a demostrar, que hiciste eso (la debida diligencia) más no estás obligada necesariamente mostrar los resultados de eso, es decir, que efectivamente tu debida diligencia fue efectiva”, explica.
Los demás señalamientos son igual de relevantes. Ambas especialistas explican que lo aprobado por la Comisión Europea deja fuera temas como el tratamiento con enfoque de género de los posibles casos de violaciones a los derechos humanos.
“Algunos de los pendientes es que el acuerdo no incluía a las pequeñas y medianas empresas, tampoco al sector financiero que es muy poderoso y muy, digamos, cómplice en violaciones de derechos humanos. Respecto al tema de género, en los debates previos todo lo que es la participación y la inclusión de personas grupos y comunidades afectadas, toda esa parte también se quedaba corta. (…) la falta de un enfoque de género de un análisis diferenciado desde una mirada interseccional, o sea, básicamente los borradores dejaban afuera la consideración específica de múltiples formas de abusos que pueden ocurrir en actividades empresariales en contra de grupos particularmente vulnerables como mujeres, niñas y las personas género diversas, violaciones como la discriminación quedaron fuera”, explica la activista de poder.
Finalmente, entre las charlas con ambas especialistas se coincide en que es necesaria la vigilancia por parte de la comunidad de práctica de empresas y derechos humanos a nivel internacional, respecto a la exclusión del sistema financiero, es decir, los bancos o los fondos de pensión, los inversionistas institucionales tipo Blackrock y otros que manejan grandes cantidades de capital, pues hasta ahora, el compromiso del Parlamento Europeo es que eso lo van a regular en otra directiva más adelante, en un grupo de trabajo específico para este sector, pero nos queda la duda.