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Opinión

Futuros jueces y magistrados inconstitucionales

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De manera sorpresiva, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE entregar constancias de mayoría a candidatos a jueces y magistrados que ganaron en la elección del 1 de julio, pero que no cumplen los requisitos que establece la Constitución para ocupar el cargo.

El Consejo General del INE había determinado que 46 casos de candidatos ganadores a jueces y magistrados no cumplían los requisitos de elegibilidad. Para ser más precisos, tenían un promedio inferior a 8 al egresar de la licenciatura en Derecho y de 9 en materias afines a las materias que concursaron.

Por eso, les “retiró el triunfo” y declaró las plazas vacantes, para que se sometieran al voto popular en la próxima elección de 2027.

Al echar abajo ese acuerdo, la Sala Superior del TEPJF (como última instancia) resolvió que el INE no tiene atribuciones para revisar los requisitos de elegibilidad, pues esa era una tarea de los tres Comités de Evaluación. Es decir, determinó que el Instituto “no se ajustó a derecho” al verificar el promedio de la licenciatura de quienes resultaron electos.

Resulta significativo que apenas en mayo, ese máximo tribunal resolvió distinto y consideró que el Instituto sí podía llevar a cabo un procedimiento para verificar que se cumplieran los requisitos de ley para ocupar esos mismos cargos antes de la entrega de constancias, resaltando que no se invadían ni duplicaban atribuciones de los Comités de Evaluación.

En esa ocasión, quien estuvo a cargo de esa sentencia, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera sostuvo que: “no se puede entregar una constancia de mayoría a quien no puede legalmente ocupar el cargo. La validez de la elección exige legalidad de fondo, no sólo de forma”.

Si bien, los comités debían realizar un juicio técnico para revisar que las personas candidatas cumplieran los requisitos de elegibilidad e idoneidad; ya conocemos la historia de esta etapa del proceso de elección y los errores ampliamente expuestos.

Lo que también es cierto es que, una de las funciones del Consejo General del INE es precisamente revisar los requisitos de quienes concursan por un cargo de elección popular, y lo puede hacer en dos momentos: cuando registran las candidaturas y/o antes de entregar las constancia de mayoría a quienes ganaron.

Nos guste o no la reforma constitucional al Poder Judicial y estemos o no de acuerdo con la disposición de la calificación como requisito para acceder al Poder Judicial, en nuestro máximo ordenamiento está vigente que quienes sean jueces, magistrados y ministros deben ser licenciados en Derecho, con un promedio mínimo.

Aunque hay abogados con una trayectoria académica que va más allá de la licenciatura y cuentan con maestrías y varios doctorados, y que han tenido un excelente desarrollo profesional y una vida laboral guiados por la ética y los valores; ese requisito fue considerado por el legislador y así quedó plasmado en la Constitución Política de México.

Ahora, con esta determinación, tendremos jueces y magistrados que violan los requisitos constitucionales para acceder al cargo.

Efectivamente, como lo había dicho el magistrado Fuentes al resolver el expediente SUP-JE-171/2025 y acumulados: “Verificar que quien va a juzgar a los demás cumpla con la ley no es un exceso, sino una obligación democrática esencial”.

Twitter @ydlan

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