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Opinión

Infraestructura Transformadora

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Uno de los legados nefastos del régimen neoliberal fue el abandono de la responsabilidad del Estado de invertir en el desarrollo de infraestructura. Para la lógica de esta corriente del pensamiento económico, el mercado y las estimaciones de la racionalidad de la ganancia son el mejor mecanismo para la distribución eficiente de los recursos orientados a este rubro.

La drástica reducción de la inversión pública durante el periodo neoliberal, que pasó de representar 10 puntos porcentuales del PIB en 1981 a tan sólo 3 en 2018, no sólo contrajo la capacidad de la economía mexicana de generar obras de infraestructura, sino también provocó una concentración en ciertas regiones del país de las oportunidades de desarrollo que estas inversiones generan.

Durante la actual administración, un elemento fundamental que ha permitido la reorientación del gasto público hacia la infraestructura es el combate a la corrupción. El manejo discrecional que ocurrió durante la administración peñanietista del ramo 23, hacia que los legisladores manejaran a trasmano una bolsa de 45 mil millones de pesos que iban a obra pública de dudosa calidad, aceitando además la cooptación y el manejo clientelar de estos recursos.

Revertir rezagos en infraestructura implica no solo una fuerte reorientación del presupuesto público, sino también reflexionar sobre el sentido que la infraestructura debe jugar en la nueva etapa histórica del país. En esta lógica, es que la consecución de dos foros anuales celebrados de manera exitosa en la Cámara de Diputados ha permitido convocar a especialistas y políticos a debatir sobre la posibilidad de un nuevo paradigma que revalore a la inversión en infraestructura como un mecanismo para la consecución de derechos humanos y sociales.

Los foros denominados Semana Nacional de la Infraestructura Transformadora, celebrados en 2022 y recientemente en abril del presente año, han logrado desplegar conceptualmente los valores que la Cuarta Transformación ha decidido imprimir en los proyectos prioritarios que desarrolla en el país. El éxito de este esfuerzo está fincado en el tesón y liderazgo del diputado petista Reginaldo Sandoval Flores, quien ha asumido un fuerte compromiso, por ejemplo, con la transversalidad de los derechos de las personas con discapacidad en el desarrollo de obras de infraestructura.

Está claro que al menos tres priorizaciones importantes se encuentran dentro de las decisiones de inversión en infraestructura en la 4T: resiliencia, eficiencia y sostenibilidad. Estos tres ejes están tocando a todo el relanzamiento de las inversiones públicas en el país y garantizan la maximización del impacto social y regional de las mismas.