Gran parte del pueblo de México ha entendido la dinámica de cambio que comenzó desde el 1 de diciembre de 2018, en donde reina la austeridad y la justicia social, donde quien manda es el mismo pueblo; el soberano.
Hay instituciones y poderes que aún se niegan a entenderlo y a aplicarlo, ejemplo claro es el poder judicial. Salarios estratosféricos y más allá de lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite que ganen los servidores públicos, pues gran parte de ellos, ganan más que el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hace unos días el senador Ricardo Monreal exhibió cuarenta privilegios que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los que destacan grandes cantidades de dinero que tienen a sus expensas, camionetas Suburban blindadas, comidas en restaurantes de lujo con cargo al erario y otros muchos. Son millones de pesos los que se erogan de la Corte.
¿Eso es justo para el pueblo de México? ¿Su trabajo es tal para mantener tanto despilfarro?
Empiezo con estos cuestionamientos, pues no solo nos cuestan mucho, también son traidores a lo que mandata el soberano.
Esta semana nueve de once ministros decidieron dejar sin efectos la primera parte del llamado “Plan B”, pues para el Ministro Pérez Dayán, quien fue el ponente del proyecto que acumula diferentes acciones de inconstitucionalidad; pues se “violentó” el proceso legislativo.
Lo cierto es que la Corte no hizo un ejercicio de control constitucional, más bien lo que hizo fue un acto político en contra de la llamada 4T. Es obvio que el tribunal constitucional mexicano tiene una tendencia conservadora, pues desde su presidencia, que es representada por Norma Piña, en diferentes ocasiones ha demostrado ser parte de los intereses mezquinos de la derecha.
¿Realmente es parte de la división de poderes? O, ¿La corte representa a poderes fácticos y a un bloque político?
Sin duda el poder judicial federal se tiene que reformar, pues el excesivo gasto anual que ejercen 11 personas, no debe existir en un país tan desigual como lo es México. De igual forma hay que ver hasta qué punto la SCJN debe ser el guardián de la constitución y tener la facultad de anular actos legislativos.
Coincido totalmente con el Presidente López Obrador que ya es imposible sostener un poder judicial que no está legitimado por el pueblo y mucho menos a una corte que traicione al pueblo.
Ahora que anularon parte del “Plan B”, es momento de echar a andar el “Plan C”. Ni un voto más a los conservadores que defienden a los ministros traidores y sí a los que buscan transformar para bien a las instituciones. Con mayoría calificada en el congreso federal, eso será posible. Reforma al INE, al poder judicial y al INAI.
Todo comienza este 4 de junio y se reafirmará en julio del 2024.