Durante los últimos meses hemos estado hablando y poniendo en la mira la ya urgente reforma constitucional al Poder Judicial; pues este poder no solamente debería encargarse de aplicar la ley, también debería de garantizar la impartición de justicia.
Lamentablemente, el Poder Judicial tiene un grave problema de desprestigio, pues solo el 58.6 de la población confía en el poder judicial, a la par de esta autoridad, se encuentra otra igual de importante, hablamos de las fiscalías estatales, pues la gente confía un 55.9%; tan solo después de las policías preventivas y la policía de tránsito; esto de acuerdo con la recepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia del INEGI 2022.
Las autoridades con mayor confianza son la Marina; el Ejército y la Guardia Nacional; con 90.2%, 87.8% y 82.7%. De acuerdo con la misma encuesta.
¿Pero de qué se encargan las fiscalías?
Para que exista una adecuada impartición de justicia, primero se debe tener una buena integración en el proceso de investigación por la comisión de delitos, mismos que le corresponde a los Ministerios Públicos, es decir, esta autoridad es la única que puede determinar el ejercicio de la acción penal por mandato constitucional. Igualmente, es la única autoridad que puede investigar y perseguir delitos, auxiliándose con un policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato.
Recordemos que la autoridad judicial se encarga exclusivamente de la imposición de penas, su modificación y duración encargan de acreditar la presunta responsabilidad, que originaría la vinculación o no a proceso penal; es decir, tienen la responsabilidad jurídica y social de que se inicie un proceso de carácter penal, participar en todas sus etapas hasta que el proceso concluya con una sentencia condenatoria o absolutoria y así no exista impunidad y se imparta justicia de forma pronta y expedita.
De acuerdo con la ENVIPE 2022, en el 2021, de 100 delitos, solo se denunciaron 10. De ellos, el MP o las fiscalías iniciaron una carpeta de investigación solo en 6 casos. Con lo anterior, podemos decir que, por cada 100 delitos, alrededor de 90; no son denunciados o si se denunciaron, no se inició carpeta de investigación.
Por otro lado, de los 6 casos que el MP tenía la obligación de investigar y perseguir para que en su caso se acredite una presunta responsabilidad, en más de 3 casos no ocurrió nada, derivando en la conclusión de la investigación. En menos de 1 caso de los 6, el presunto delincuente es puesto a disposición ante el juez penal.
Entre las razones por el que las víctimas deciden no denunciar los delitos ante las fiscalías, destacan:
a. El 33.5% de los encuestados consideran que es una pérdida de tiempo
b. El 14.8% no confían en las fiscalías y en su actuar.
Después de estas cifras alarmantes respecto el actuar de las fiscalías estatales, vemos la falta de eficiencia de las autoridades y la falta de voluntad de los fiscales estatales; ejemplo de ello están:
El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, impuesto por el ex gobernador de la entidad Graco Ramírez, y quien estará en el cargo por nueve años, es decir, del 2018 al 2027. Recordemos que este fiscal fue señalado de encubrir el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López, acusado por la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, quien declaró en su conferencia que había una relación entre el fiscal y en feminicida.
El fiscal es acusado por varios delitos, pero no puede ser juzgado por que goza de fueron, esto respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entre los delitos que le atribuye la Unidad de Inteligencia Financiera están la operación con recursos de procedencia ilícita. Igualmente existe presunta vinculación con grupos delictivos implicados con el trafico de drogas.
Actualmente el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso y dictó prisión preventiva justificada al fiscal General de Justicia de Morelos, Uriel Carmona Gándara, como presunto responsable del delito de obstrucción de la justicia.
La siguiente audiencia se programó para el 7 de septiembre, por lo que Uriel ‘N’ permanecerá en prisión preventiva.
Otro ejemplo, es el Fiscal del estado de Tamaulipas, Irvin Varios Rojas Mojica, personaje oscuro por ser cercano a Felipe Calderón y haber colaborado con Genaro García Luna, impuesto por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca desde el 2016, dicho fiscal estará en el cargo hasta el 2025.
Al igual que el fiscal de Morelos, al de Tamaulipas se le acusa de omisión respecto la persecución de delitos, entre ellos, en contra de Francisco García Cabeza de Vaca. Igualmente fue acusado presuntamente por falsear pruebas en varios casos, pagando testigos falsos, así como de la supuesta fabricación de delitos. También se le señala de ser responsable en las malas investigaciones respecto el secuestro y feminicidio de María del Pilar Garrido de origen español.
Estos son dos ejemplos claros de la negligencia e incluso colusión de los fiscales con los presuntos responsables que ocasionan impunidad e injusticia en la sociedad, pero el patrón se repite en Guanajuato, Veracruz y otros estados, donde los fiscales actúan al margen de la ley, pues son respaldados por la SCJN y el poder judicial estatal; se sienten intocables y su cargo transexenal los convierte en funcionarios idóneos a cooptar por los gobernadores salientes para que estos tengan impunidad una vez dejando el cargo.
El presidente López Obrador ya ha mencionado la importancia de que los jueces, magistrados y ministros sean escogidos a través de un proceso democrático, añadiendo también a los fiscales, así como ocurre en otros países y que estos, por fin, dejen de servir a los intereses que los llevó al cargo y sirvan al pueblo.