No es reciente que hay una persistente discusión pública en diversos medios sobre la percepción de inseguridad en el país, así como sus muchas consecuencias desde reproches hasta diversas formas de tomar precauciones por parte de los ciudadanos.
Sin embargo, la discusión popular en medios masivos por lo general es poco seria, y más bien, en varios medios de comunicación y en las redes sociales de famosos comunicadores ha sido irresponsablemente sensacionalista y hasta efectista. Dichas características comparten el contexto del origen de ser emitidas por medios y comunicadores que han simulado por años imparcialidad y algunos abiertamente anti obradoristas y anti morenistas.
Nadie puede negar que la violencia, sobre todo en homicidios es bastante grave, y que si bien este gobierno actual ha detenido la inercia de su crecimiento lineal, y hasta ha logrado reducirla, sigue siendo un tema público prioritario del Estado mexicano. Claro que nos deben preocupar los más de 30 mil homicidios anuales que desde el sexenio de Calderón se han instalado trágicamente en nuestro acontecer cotidiano. El problema es que hay una disputa por narrativas, por lo menos hay dos: la oficialista y la de los medios masivos de comunicación. La oficialista tiene mucho optimismo; varias veces se ha alejado de la realidad, y la narrativa de los medios es pesimista y se acerca más la crónica de un exterminio de mexicanos. En el choque de narrativas perdemos el poder discutir públicamente de este urgente problema.
El gobierno federal se equivoca al centrar su estrategia de seguridad en la Guardia Nacional (dejare las políticas públicas de intervención a reducir las condiciones sociales que facilitan a la violencia para otro artículo). Si bien hay una dura posición del Presidente de no ordenar que las fuerzas federales violen derechos humanos, la Guardia Nacional mantiene bastantes características reprochables como: la mayoría de sus miembros son militares, buena parte de ellos, no tienen el certificado policial que los faculta para realizar actividades de seguridad pública y ya hay evidencia de violaciones a derechos humanos.
Por otro lado, en diversos medios masivos, sus comunicadores y sus respectivas redes sociales hay una persistente y endeble explicación sobre la responsabilidad única del gobierno federal y del Presidente, cuando varios delitos de los que señalan a dichos responsables, son responsabilidad de las autoridades locales. Para ellos no existen los gobiernos estatales, municipales ni mucho menos sus respectivas policías y fiscalías.
Los ciudadanos merecemos que los que se dicen profesionales de la comunicación e información realicen un mejor trabajo periodístico y comunicacional a través de las ciencias y sus científicos, y no por medio de su pirotecnia dramática y su efervescente preocupación.
Buena parte de nuestra inseguridad e impunidad tiene un importante soporte del mal diseño institucional de sus policías y fiscalías, y de sus operadores; solo se culpa a los políticos pero ellos están muy lejos de ser los únicos responsables en el servicio público. En otro artículo profundizaré sobre este tema.