Ir al contenido
Opinión

La seguridad un derecho fundamental

5 min de lectura PDF

El decreto.

La oposición en México tiene graves problemas de argumentación y constantemente caen en contradicción, pues su fin no es beneficiar al pueblo de México, más bien es ir en contra de las propuestas del Gobierno Federal, pero principalmente, ir en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso si la propuesta es la ideal. Como ejemplo tenemos el debate durante los últimos días con respecto a la Guardia Nacional y ampliación de permanencia de las Fuerzas Armadas en trabajos de seguridad.

La principal crítica que se vive todos los días se enfoca en la estrategia para combatir los altos índices delictivos, pues les irrita la idea de “abrazos y no balazos”, sugiriendo que se debe de retomar la estrategia probada y fallida de Calderón. A su vez, cuando el Presidente propone la permanencia de las fuerzas armadas en trabajo de seguridad −por varios años más, en lo que se termina de apuntalar la Guardia Nacional−, argumentan la militarización del país.

Dejando atrás las filias y fobias, lo que es real es que, a pesar de que ha ido a la baja la incidencia delictiva, principalmente los delitos de fuero federal, no es suficiente; pues actualmente existen municipios donde no hay elementos de seguridad pública y, donde los hay, la población simplemente no confía en ellos. De acuerdo con informes del Secretariado Ejecutivo, aproximadamente 600 municipios no tienen un solo elemento perteneciente a la Policía Municipal; es decir, en México tenemos presidentes Municipales sin policía y, para brindar seguridad, tienen que solicitar apoyo al Gobernador o, en su caso, a la Federación.

Consultando informes del Secretariado Ejecutivo, México, en lo que va del 2022, ha tenido una incidencia delictiva de 1,434,801 (delitos de fuero común y federal), destacando Baja California (72,247), Coahuila (44,179), Chihuahua (49,761), Ciudad de México (154,763), Guanajuato (94,058), Estado de México (268,779), Jalisco (86,533), Nuevo León (70,668) y Veracruz (58,075). Estos son algunos de los estados con mayor número de incidencia delictiva, los factores que pueden incidir en los números van desde el número de habitantes en el estado, como niveles socio económicos y número de elementos policiacos.

Como dio a conocer el Secretariado Ejecutivo a través de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la incidencia delictiva por homicidios dolosos ha ido a la baja, en el 2019 se cometieron 23,176; en el 2020, 23,540; para el 2021 fueron 22,631, y lo que llevamos del año 20,722; es decir, pasamos de 95 homicidios dolosos al día, a 85 delitos por día, con una tendencia a la baja.

Con la información antes proporcionada se busca transmitir dos elementos importantes; primero, que es evidente la baja sobre la incidencia delictiva y que la estrategia de atacar las causas con ayuda de programas sociales como mecanismo de pacificación está dando frutos –quizá no a la velocidad esperada–; quien afirme lo contrario, está mal interpretando las cifras o hay deshonestidad intelectual de su parte. Por otro lado, busco plantear con sensatez que aún no es suficiente la estrategia de pacificación para mantener la tendencia a la baja; por ello, el Presidente, los gobernadores y presidentes municipales son los principales promotores de que las fuerzas armadas se mantengan en las calles, pues de no ser así, cientos de familias quedarían indefensas, negándoles su derecho de acceso a la paz y a la seguridad por parte del Estado.

Si bien en los últimos años se ha cuestionado la labor de las fuerzas armadas, se deben tener presente, al momento de sentenciarlos, diversas razones para reconsiderar acribillarlos a priori, pues el pueblo mexicano tiene altos niveles de confianza en nuestras fuerzas armadas, elemento objetivo y subjetivo importante en la construcción de seguridad, pues quien no confía en los elementos de seguridad difícilmente acudirá a ellos y con ello prevalecerá la impunidad que tanto daño está causando. Igualmente, las fuerzas armadas han tenido trabajos en beneficio del pueblo y no meramente bélicos, pues se encargaron de la distribución y cuidado de las vacunas contra el covid-19; antes, por indicaciones de civiles, violaban derechos humanos, ahora participan en la construcción de megaproyectos como el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya, demostrando su alto nivel de capacidad y compromiso, cumpliendo con los plazos, la calidad y los presupuestos asignados.

Las fuerzas armadas han colaborado en labores de carácter social frente a los desastres naturales y, desde luego, se han desempeñado heroicamente junto con elementos de la policía estatal y local para combatir la violencia y a las diferentes organizaciones delictivas; han incautado drogas, armas, impulsado operativos en contra de grandes capos −donde no se ha derramado sangre−, demostrando la gran eficiencia en la logística de seguimiento y captura de líderes delincuenciales. Como ejemplo tenemos la captura del capo Caro Quintero en el norte de Sinaloa y el rescate de una mujer secuestrada en la Ciudad de México, evento que propició una campaña negra en contra de dicho operativo, por mencionar algunos.

En días pasados, el Senado, después de largas horas de debate, aprobó por fin el proyecto con 87 votos a favor y 40 en contra: proyecto que regresará a la Cámara de Diputados para seguir con el proceso de reforma constitucional. De ser aprobada por los Diputados, turnada la minuta a los congresos locales y aprobada por la mayoría de estos, se estará ampliando la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad de manera constitucional hasta el 2028 y no hasta el 2024 como se tiene actualmente. Es importante mencionar que dicha reforma garantizaría que la población tenga acceso a su derecho humano de acceso a la seguridad por parte del Estado y que nunca más un mexicano padezca de este derecho por la politiquería de las facciones partidarias.