El elemento complementario de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública en México está profundamente corrompido. Desde los inicios, la Constitución en México, como varias en América Latina, estuvo diseñada para fijar el poder en grupos pequeños, en élites. A pesar de que nuestra Constitución ha sufrido decenas, centenares de cambios de reformas, su elitismo se rehúsa a morir.
La democracia participativa que busca instaurar el Presidente Andrés Manuel López Obrador y las dificultades con las que se ha encontrado para ser vinculante son un ejemplo de ello. Simplemente, el marco legal en México no está diseñado para la democracia directa ni para el poder popular. Tampoco invita a las grandes masas de la población a participar en su democracia. No permite tampoco que el poder popular sea un contrapeso, siendo un pastiche de órganos autónomos y representación delegativa. Por lo mismo, la organización producto de este texto constitucional hará casi imposible reformar el aparato penal, sin que haya grandes resistencias de los clubes de élite que gestionan la justicia y la ofrecen a la venta al mejor postor.
Basta mencionar la provisión constitucional de que “en contra de la designación de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces, no procede recurso alguno” y que los mexicanos solo podemos impugnar a los jueces ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). El CJF está compuesto casi por completo de jueces, magistrados y jueces de la Suprema Corte. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de cuatro votos o por mayoría calificada de cinco votos. Es decir, una mayoría de jueces es quien decide sobre la remoción de un juez. Es virtualmente imposible que la notable corrupción de un juez o su mal nombre derive en su remoción, ya que para quitar a un juez es necesaria una “queja administrativa” o una denuncia. Incluso, con un presidente del CJF con buena fe e ímpetu de reforma no basta, hemos visto como el Ministro Zaldívar ha entregado sendos discursos a sus pares de la necesidad de renovar y depurar de corrupción el poder judicial y los obstáculos con los que se ha topado.
En segundo lugar, no se cumple lo que los doctrinarios del Derecho penal establecieron en sus inicios como Beccaria, es decir, un mexicano no puede saber con certeza y precisión cuando sus conductas constituyen un delito y cuando es así, qué delito, porque coexisten en el territorio nacional distintos códigos penales. A pesar de que un código de procedimientos penales nos rige, los delitos pueden estar tipificados de manera distinta o con penas distintas en diferentes Estados de la República.
Esta fragmentación y la deliberada opacidad con la que se conducen los juzgadores, a pesar de que el nuevo sistema de justicia penal hace más transparentes estos juicios y en teoría se puede acceder a su contenido, es un obstáculo formidable. Ello frenará en el futuro cercano los intentos de llevar a la justicia a generadores de violencia y a grupos tanto de agentes estatales como del crimen organizado que cometan delitos. Sin este eslabón, los esfuerzos que pueda llevar a cabo la Guardia Nacional quedarán solamente en contener la violencia y no podremos parar la corrupción que corroe a los mismos jueces en un círculo vicioso, que intentará corromper a la renovada y depurada Guardia Nacional y a funcionarios públicos que por omisión o comisión, se vuelven en accesorios de la violencia organizada.
El Presidente López Obrador ya ha escogido sus batallas y nos dejará un legado fuerte de infraestructura, soberanía energética y derechos sociales. También logró también revertir algunas reformas estructurales neoliberales que dañaban los intereses de las mayorías. Sin embargo, deja tareas pendientes de enorme complejidad para su sucesor o su sucesora. La reforma del sistema de justicia en México, pero sobre todo la depuración de los jueces, uno de los grupos de interés más corrompidos y que actúan en concierto con la violencia organizada en todo el país, es el pendiente más importante para consolidar el legado del Presidente López Obrador en materia de seguridad en los años por venir. De los y las aspirantes a suceder al Presidente, deberemos obtener una respuesta clara y un ambicioso plan de combate a estas élites que han cristalizado a punta de cañonazos de dinero los intereses de grupos que generan violencia, funcionarios que se han dejado corromper y enriquecido protegiendo delincuentes desde sus feudos estatales. También, debemos exigir una ruta clara para llamar a la justicia a gobernadores que si bien ahora prófugos de la justicia (como Francisco Javier Cabeza De Vaca), deberán rendir cuentas ante la justicia mexicana en un futuro cercano.
Las transformaciones a largo plazo son el encadenamiento de la voluntad de miles, de millones de personas. En el caso de México, la gran decepción y el escepticismo que hay ante el aparato de justicia penal justifica plenamente una fuerte reforma, un cambio de espíritu. Incluso, justifica el pensar si las bases constitucionales actuales hacen posible que podamos acceder realmente a la justicia. Con el diseño actual, con la corrupción actual, con los jueces actuales, pensar en un cambio fuerte radical no debe ser tabú, es una exigencia de los nuevos tiempos.