A estas alturas, todos sabemos quién es Uriel Carmona, o al menos eso pensábamos. Sabemos que es el fiscal de Morelos y que fue cómplice del encubrimiento del feminicidio de Ariadna Fernanda López, cometiendo el delito de obstrucción de la justicia. Derivado de estos hechos, el pasado 4 de agosto Carmona fue detenido en un operativo de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la Fiscalía General de la República y la Marina.
Asimismo, a raíz de lo anterior, se desencadenó un proceso sumamente complejo en torno al caso. La defensa del Fiscal ha abogado en cuatro ocasiones por su liberación, argumentando la existencia de un fuero que le otorga protección. En la actualidad, Carmona enfrenta tres nuevas órdenes de aprehensión: una por encubrimiento de feminicidio, otra por feminicidio en calidad de auxiliador, y la cuarta, que no guarda relación con el caso de Ariadna, por el delito de tortura en grado de coautoría contra Luis Alberto Ibarra Martínez, conocido como "el Diablo". Este último hecho fue revelado el pasado 19 de septiembre, apenas cuatro días antes de que Carmona fuera finalmente liberado por orden de un Tribunal Federal. También fue conocida la muy dudosa indignación compartida por múltiples personas, entre ellas integrantes de la oposición, quienes respaldaban al fiscal de Morelos, sosteniendo que era objeto de persecución política por parte de las autoridades de la Ciudad de México y de la propia Claudia Sheinbaum.
Lo que no sabíamos, es lo que dio a conocer el día de ayer la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
El fiscal no entregó los exámenes de control de confianza requeridos por ley para ocupar el cargo y, cuando finalmente los realizó, no logró aprobarlos. Esta situación no le impidió asumir el cargo, a pesar de que hacerlo sin haber aprobado dichos exámenes es un delito.
Asimismo, la Secretaria de Gobernación compartió que Uriel Carmona ha sido señalado por su deficiente actuación en otros casos y expuso que ha sido protegido debido a sus claras alianzas en el Poder Judicial Federal y en el Congreso de Morelos. Estas alianzas no solo se reflejan en las suspensiones otorgadas por tres Tribunales Colegiados de Circuito a las órdenes de aprehensión giradas en su contra, sino también otras situaciones clave para él, como la controversia constitucional presentada por el diputado del PAN Francisco Sánchez Zavala en 2021, para que la FGR no pudiera proceder en contra del fiscal. O también, la renuncia por intimidación del Fiscal Anticorrupción de Morelos después de solicitar la orden de aprehensión por el delito de tortura.
Y, mientras Uriel Carmona se encontraba en la cárcel, el Congreso Local de Morelos aprobó una reforma para que el fiscal fuera sustituido de manera permanente.
Después de todo lo presentado, es evidente que hay una relación de interés entre el sistema de justicia y los más privilegiados. Uriel Carmona se encuentra protegido, evitando que rinda cuentas sobre los múltiples delitos que ha cometido y ello nos lleva a seguir exigiendo un cambio.
Es innegable la necesidad de una transformación en el sistema de justicia, empezando en las fiscalías. Debemos contar con autoridades comprometidas con las víctimas y que en cada proceso que inicien, no se olviden de hacerlo siempre con justicia social. Es éste el principal principio que termina garantizando que el sistema no sólo castigue, sino también se transforme en un sistema de justicia restaurativa que cuente con estrategias de reparación equitativas para todos los afectados.
La transformación del sistema de justicia es una oportunidad crucial para construir una sociedad más justa e inclusiva para el pueblo, con el cual aún preserva una deuda histórica en materia de obtención de justicia.