Hace unos días trascendió una noticia que conmocionó a la sociedad mexicana, los movimientos sociales, la comunidad científica y académica y, en general, al conjunto de las izquierdas mexicanas. Me refiero sin duda alguna al deceso de Pablo González Casanova, una luz en medio de la oscuridad para la educación.
Y es que la pérdida, el vacío y el legado que deja son invaluables, ya que gracias a su trabajo por la educación pública es que en México se creó una alternativa para que miles de jóvenes cursaran un bachillerato gratuito y con un modelo novedoso a través del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Pablo González Casanova representa lo mejor de la UNAM: compromiso social, defensa y reivindicación de la educación pública, innovación en los planes y programas de estudio y sensibilidad hacia los sectores con menos condiciones ni oportunidades educativas y sociales.
No olvidemos que durante su gestión al frente de la máxima casa de estudios también creó el Sistema de Universidad Abierta (SUA), mediante el cual facilitó el acceso a la educación superior a jóvenes que no tenían disponibilidad de tiempo debido a condiciones económicas o laborales.
Sin su gestión la UNAM no sería lo que es hoy, sin embargo, los rectores que en las últimas décadas han encabezado la Universidad poco tienen en común con la gran gestión de Casanova, quien en todo momento estuvo del lado de las y los estudiantes y en defensa permanente de la educación pública. Analicemos dos casos.
El primer referido es José Narro Robles, quien estuvo al frente de la UNAM del 13 de noviembre de 2007 al 10 de noviembre del 2015, es decir, vivió parte de los sexenios presidenciales de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Durante el periodo en el que fue rector los nexos entre el gobierno federal y la UNAM fueron cercanos y evidentes, tan es así que en 2011 Narro se sumó al llamado de Calderón para la pacificación del país. Además de que una vez concluido su periodo se sumó al gabinete de Peña como Secretario de Salud y, posteriormente, buscó la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), instancia a la que estuvo afiliado por 46 años.
El segundo rector a analizar es Enrique Graue, quien actualmente funge como rector de la UNAM, elegido en 2015 y relegido por la Junta de Gobierno en 2019. La administración de la máxima casa de estudios en los últimos años ha vivido un sinfín de afrentas con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tal es el caso del más reciente conflicto: las Becas Elisa Acuña.
Por un lado, el gobierno de México explicó mediante un comunicado que el presupuesto asignado ya no es competencia de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, aunque sí estuvo asignado a través de otro rubro presupuestal. Pese a ello, la UNAM, de manera firme, niega esta situación, sin dar cuenta de qué pasó con ese rubro ya asignado y del porqué no se ha ejercido.
Este ilustrativo caso da cuenta de cómo es que se han vivido los últimos años de tensión entre la UNAM y la 4T, pues mientras que, acertadamente, el presidente afirma que habría que reformar esta institución educativa, las autoridades de la UNAM, encabezadas por el rector Graue, responden que ningún actor debe de tener injerencia en la autonomía universitaria. Pero, ¿qué pasa cuando bajo los supuestos de la autonomía se vulnera el derecho a la educación gratuita?, ¿al disenso?, ¿a la crítica?, y, lo más importante, ¿qué pasa cuando la UNAM pierde su objeto de poner el conocimiento al servicio de la sociedad?
Hoy en día la UNAM representa un bastión para la oposición, como muestra está el retorno de Lorenzo Córdova al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), así como las constantes declaraciones y publicaciones en redes en las que se califica al gobierno con mayor respaldo popular (tanto en votos como en posicionamiento y con el respaldo en las calles) de ser autoritario y de marcar un retroceso para México.
Y es que nuevamente la UNAM está en la encrucijada y sólo le quedan dos opciones, ¿más Pablos González Casanova o más burocracia dorada?