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Opinión

Prisiones estatales, centro de operación y guarida del crimen organizado

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En las últimas semanas hemos vivido en algunos estados una serie de ataques a la sociedad civil y las vías de comunicación con quema de autos, en respuesta del crimen organizado contra los operativos de las autoridades.

Si los sucesos ya en sí son alarmantes, toman relevancia por un común denominador: las órdenes de generar el caos provienen salen de las prisiones estatales.

Llevamos años con una crisis en el sistema penitenciario en los 251 centros estatales como hacinamiento, sobrepoblación, entre otros, pero lo más grave es el control por parte de integrantes del crimen organizado, a lo que se le ha llamado autogobierno.

Desde ahí, los líderes criminales y sus sicarios operan para el exterior con toda la facilidad pues se han apoderado de los centros penitenciarios, incluso se sienten más protegidos que si estuvieran en las calles pues tienen todo un aparato de seguridad.

La crisis lleva años, a la par diría de la llamada guerra contra el narcotráfico que aumentó la incidencia delictiva, ejecuciones y detenciones de perfiles de alta peligrosidad que se encuentran internos en penales estatales y que deberían ser trasladados a prisiones federales.

Es decir, urge una reingeniería penitenciaría estatal para quitarles el poder de operación con total impunidad a la las organizaciones criminales, haciendo que en verdad se trate de una reinserción social.

Cada cártel se ha apoderado de las prisiones de acuerdo a su zona de operación. Por ejemplo, Los Mexicles, una pandilla al servicio del cártel de Sinaloa, opera desde el interior de la prisión de Ciudad Juárez. Desde ahí salió la orden para incendiar vehículos y atacar a la sociedad el pasado 11 de agosto.

El Cártel de Los Zetas se apoderó de la prisión de Piedras Negras, Coahuila. Además de hacerlo un campo de exterminio como se mencionó en el documento “El Yugo Zeta” de Sergio Aguayo, ahí se ocultaba uno de sus máximos líderes, Omar Treviño Morales El Z-42.

Dicha organización también dominó el penal de Topo Chico, en Nuevo León, que cerró sus puertas en octubre de 2019 ante la situación que prevalecía de autogobierno.

Gerardo El Huevo Treviño, sobrino de El Z-42, se apoderó de una parte de Tamaulipas con su organización del Cártel del Noreste. El día de su detención en marzo de 2022, sus operadores realizaron la misma operación: incendiar automóviles para intentar su liberación.

El Cártel de Sinaloa también tiene presencia en las prisiones estatales. Recordemos que en el penal de Aguaruto, en Culiacán se encontraban internos -hasta marzo de 2017 cuando se fugaron- Juan José Esparragoza Monzón El Negro, Rafael Félix Núñez El Changuito Antrax; Francisco Javier Zazueta Pancho Chimal. Todos eran del primer círculo del cártel y considerados de alta peligrosidad, no obstante, controlaban el penal estatal.

En Nayarit también ocurrió algo similar que en Piedras Negras, solo que el que tenía el poder era el entonces fiscal Édgar El Diablo Veytia. En el centro estatal ubicado en Tepic, los sicarios al servicio del fiscal eran los que mandaban; salían por la noche para ejecutar y luego regresaban al penal para ocultarse. También utilizó el Veytia en centro para encarcelar a personas como forma de presión para que entregaran sus bienes.

Hace falta voltear a ver las prisiones estatales, inyectarles recursos, trasladar a internos de alta peligrosidad a penales federales y hacer que en verdad funcionen los mecanismos de reintegración social.