“El Decreto emitido por la presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y publicado en el DOF el 4 de agosto del 2025, por el que se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, es la puesta en escena de la implementación de un proceso amplio, plural, e incluyente de discusión popular y participación ciudadana para la Reforma en materia Político-Electoral en México”.
Como puede observarse, en la exposición de motivos se interpreta la concepción del nuevo régimen sobre el sistema electoral mexicano: los problemas estructurales que enfrenta, sus fallas procedimentales, su deficiente calidad en la representación política, la distorsión del sistema de representación proporcional y lo excesivamente oneroso que resulta para el erario público mantener un sistema de partidos y a las Instituciones Electorales Administrativas y Jurisdiccionales, para constituir un Sistema Electoral cuyo sujeto principal es el pueblo y su participación activa y directa en los asuntos públicos y no exclusivamente durante los procesos electorales.
En el proceso electoral federal del 2024, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad, en lo general, el presupuesto para el ejercicio fiscal de ese año, por un monto de 22 mil 322 millones 879 mil 716 pesos. Este monto no incluye el financiamiento a partidos políticos, ya que fue aprobado por separado y refleja el recorte de 5 mil 003 millones 205 mil 906 pesos aprobado por la Cámara Federal de Diputados.
En ese orden, el gasto público federal destinado a partidos políticos para ese mismo año, ascendió a un total de $10, 444, 157, 311.00 (diez mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones ciento cincuenta y siete mil trescientos once pesos en moneda nacional), el cual se integra por el financiamiento público por actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña, actividades específicas, franquicias postales y franquicias telegráfica.
Mientras que el financiamiento público para gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes asciende a $66,097,872.00 (sesenta y seis millones noventa y siete mil ochocientos setenta y dos pesos en moneda nacional). Para el Fortalecimiento del Liderazgo Político de las Mujeres el total fue de $198,293,617.00 (ciento noventa y ocho millones doscientos noventa y tres mil ochoscientos setenta y dos pesos en moneda nacional).
Ahora bien, en el contenido del decreto que crea Comisión para la Reforma Electoral puede observarse que a diferencia de otras Reformas Electorales en México surgidas desde las cupulas del poder político, económico y mediático, la ahora planteada por la denominada Cuarta Transformación, pretende construirse desde abajo, mediante un proceso de debate público abierto, participación ciudadana y deliberación popular, sin excluir las voces de las y los expertos, académicos y especialistas en la materia, así como de las y los actores de la democracia: partidos políticos, organizaciones sociales y civiles, comunidades indígenas, organizaciones y centros de migrantes mexicanos en el exterior, integrantes de órganos administrativos y jurisdiccionales electorales.
Se establece que las consultas sobre el sistema electoral mexicano para elaborar propuestas de reforma en la materia, deben llevarse de manera amplia e incluyente: ciudadanía en general; organizaciones sociales y civiles; partidos políticos nacionales y locales; comunidades indígenas; integrantes de centros de educación e investigación; autores y analistas de temas políticos; organizaciones y centros de migrantes de mexicanas y mexicanos en el exterior; integrantes de órganos electorales administrativos y judiciales.
Además, mediante un proceso abierto de discusión y deliberación pública, pues las Consultas deberán realizarse encuestas de opinión, audiencias, debates y eventos públicos a lo largo y ancho del país.
La Comisión llevará a cabo sus funciones observando los principios de transparencia, objetividad, eficiencia, eficacia, economía y honradez, cumpliendo en todo momento las disposiciones jurídicas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales y rendición de cuentas.
En tanto y en cuanto que el Objeto de la Comisión establece: “Convocar al pueblo a expresarse sobre la reforma electoral conveniente para México y realizar estudios sobre este mismo tema; Llevar a cabo los análisis necesarios y elaborar propuestas sobre la reforma electoral; Constituir los grupos de trabajo que considere necesariospara el cumplimiento de sus funciones; Elaborar y expedir su reglamento interno”.
Por último, el temario general comprende, sin exclusión de otros temas relacionados, los siguientes: Libertades políticas; Representación del pueblo; Sistema de partidos; Financiamiento y prerrogativas de partidos; Fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas electorales y preelectorales; Efectividad del sufragio; Regulación de la competencia político electoral; Libertad de difusión de opiniones, informaciones e ideas; Propaganda de poderes y organismos públicos; Sistema de votación y de cómputos dentro del territorio nacional y extranjero; Autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales; Requisitos de elegibilidad; Inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo; Consultas populares y revocaciones de mandatos.
Democracia es sinónimo de participación ciudadana, social, popular, activa, libre, informada, transparente, plural e incluyente. Por lo tanto, un sistema democrático tiene como misión empoderar al pueblo y a la ciudadanía, no a grupos de poder enquistados en partidos políticos, su función es ampliar progresivamente derechos políticos, sociales, económicos y culturales del pueblo, su objetivo es garantizar su ejercicio pleno dentro de los procesos políticos y electorales, así como de elecciones democráticas. La tarea es ardua, compleja y enfrentará obstáculos y resistencias, pero es indispensable la transformación del Sistema Electoral Mexicano.