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Opinión

Sin camino claro para resolver el caso Vallarta

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En mi columna pasada expuse los últimos acontecimientos legales del caso Vallarta, le fue negada su solicitud de llevar su proceso penal en libertad. También recientemente Israel acaba de cumplir diecisiete años detenido sin tener una sentencia de los delitos que se le acusa. Su proceso penal continúa porque la FGR asegura que aún hay pruebas que desahogar, pero eso no tiene sentido puesto que es imposible que después de todos estos años tengan evidencia de algún delito cometido por Vallarta; si lo tuvieran ya hubiesen la desahogado.

La detención de Israel tiene un origen sumamente cuestionable porque fue articulado por dos de los peores funcionarios en seguridad pública que ha conocido este país como lo son Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, ambos detenidos y acusados por delitos en delincuencia organizada. Cualquier funcionario responsable tendría muchos motivos para desconfiar de la legalidad del caso Vallarta; adicional desconfianza respaldada la conclusión del caso Cassez, del que el siguiente enero se cumplirá una década de la liberación de la acusada.

Tanto la Fiscalía como diversos jueces del Poder Judicial Federal apuestan a seguir prolongando el proceso penal para que este caso no se resuelva, ya que no hay motivos mínimamente serios para que Israel siga detenido sin sentencia. Por el contrario, ambas instituciones solo buscan cualquier recurso legal para que Vallarta siga en condiciones graves de injusticia.

Además, el caso Vallarta es poco seguido por la mayoría de los medios, ni se diga investigado. El caso tiene una extraordinaria relevancia para la vida pública mexicana porque revela como ha operado, y sigue operando, la justicia formal del Estado mexicano, sus instituciones, sus leyes, sus funcionarios y sus abogados. No es de extrañar que la importancia trasversal del caso también revele intereses inconfesables de los medios y sus comunicadores.

Las personas, tanto funcionarios públicos como particulares, dentro de instituciones y medios que siguen articulando acciones para que el caso Vallarta siga sin resolución y sin llegar a la verdad porque así les ha convenido. Han logrado proteger sus intereses criminales a cualquier precio, incluso si con ello han materializado uno de los peores precedentes de injusticia penal en nuestra historia reciente al grado de lograr el record de años sin sentencia de un detenido.

No podemos ser indiferentes como ciudadanos y no interesarnos por seguir este caso indigesto.

Por Tona Gallardo